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¿Y ahora qué? Urge una solución para las personas dominicanas de ascendencia haitiana

martes, 10 de febrero de 2015  Notas de prensa República Dominicana Construyendo Paz     Apatridia
La situación de apatridia sigue siendo una realidad para miles de personas en República Dominicana. Tras la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, que despojaba de su nacionalidad dominicana a los descendientes de haitianos, y tras casi un año de aplicación de la Ley 169-14, que estableció el Plan de Nacionalización y Regularización para extranjeros, una vez concluido el plazo la inseguridad jurídica para miles de personas continúa.

 A principios de febrero ha finalizado el plazo para el registro de dominicanos de ascendencia haitiana, las organizaciones de la sociedad civil denuncian que la aplicación de la ley 169-14 ha fracasado. Tan sólo 8.755 personas han sido registradas, cuando la estimación de posibles afectadas en esta parte del Plan de Regulación es de más de 53.000 

Desde InspirAction nos sumamos a las denuncias realizadas desde la Plataforma Dominican@s por Derecho, que afirma que el proceso ha sido un fracaso por la falta de voluntad política y por las trabas administrativas. Desde el movimiento Reconoci.do se habla de “genocidio civil” porque cuatro generaciones que han sido registradas como dominicanas durante ocho décadas, acorde a la Constitución y a las leyes, ahora se encuentran totalmente desamparadas.

Tal y como se explica en la campaña Vidas en Pause estas personas han visto suspendidos sus derechos, no tienen documentos, no pueden votar, no pueden firmar un contrato de trabajo ni abrir una cuenta bancaria, no pueden siquiera registrar a sus hijos, acceder a estudios superiores, ven sus derechos civiles recortados y no pueden continuar con sus vidas.

El Ministerio de Interior y Policía de Rep. Dominicana ha registrado tan sólo 8.755 personas, de las más de 53.000 dominicanas de ascendencia haitiana que nunca fueron inscritas y eran las destinatarias de este proceso de regularización. Entre las trabas administrativas de este periodo se encuentra el aumento de un 100% en la tarifa de los servicios de legalizaciones de la Procuraduría y la falta de información a los usuarios en las unidades operativas de aplicación de la ley 169-14.

La pregunta ahora es ¿qué va a pasar con todas esas personas en el limbo jurídico? El riesgo de retenciones y deportaciones está ahí y se ha denunciado desde las organizaciones. El problema de registro y reconocimiento civil de los dominicanos de ascendencia haitiana no es un asunto migratorio, como algunas fuerzas políticas han querido hacer ver. Estas personas han nacido y crecido en Dominicana y han sido despojados de su nacionalidad de forma retroactiva en función de una sentencia injusta.

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó –en octubre de 2014- que la sentencia TC 0168-13 y parte de la Ley 169-14 relativa al proceso de regulación violaban la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las autoridades dominicanas han rechazado esta resolución y se niegan a cumplirla, manifestando que nadie ha quedado en situación de apatridia.

Además en estos momentos el país se encuentra en un proceso de renovación de cédulas de identidad establecido por la Junta Central Electoral que agrava y profundiza la situación de exclusión de todas estas personas descendientes de migrantes.

Junto con las organizaciones sociales dominicanas, InspirAction apoya las iniciativas llevadas –nacional e internacionalmente- para lograr el reconocimiento civil y la inclusión social de todos los dominicanos y dominicanas sin distinción del origen extranjero de sus padres.


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