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Tres casos que dejan claro por qué queremos un Tratado Vinculante

lunes, 21 de octubre de 2019  Blog Derechos Humanos
Reclamamos un Tratado Vinculante que acabe con la impunidad con la que las grandes empresas atropellan derechos para obtener beneficios económicos

Este verano, la Amazonía ha ardido a un ritmo muy superior al de otros años: la deforestación ha sido un 278% superior a la de julio del año anterior. Pocos meses después, el propio Gobierno de Bolsonaro reconoce que el 80% del espacio deforestado se va a dedicar a la ganadería. Algunas empresas, como H&M, prometieron que no aceptarían materia prima proveniente de la Amazonía brasileña, aunque no se tiene evidencias del cumplimiento de dicha promesa. Otras empresas, como McDonald's o Burger King, fueron interpeladas por Greenpeace para que no aceptaran carne de vacuno proveniente de la Amazonía brasileña. En resumen, nada obliga a las empresas a respetar los derechos humanos y el cuidado del medioambiente y se deja que estos asuntos centrales recaigan en su buena (o mala) voluntad.



Queda claro, entonces, que los intereses de grandes empresas están muy por encima de la defensa de los derechos humanos y de la defensa del medio ambiente. Como señala la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad, “entre las empresas transnacionales, los Estados y los Pueblos existe una innegable asimetría. Las violaciones de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y de la naturaleza son inherentes a las operaciones de las transnacionales, así como sistemáticas. Sin embargo, no existe a nivel internacional un instrumento vinculante que les obligue a respetar los derechos humanos”.  

Empresas impunes, activistas perseguidos (y asesinados)

De existir este Tratado Vinculante, la historia de Bernardo Caal no habría acabado con él en la cárcel por defender su río frente a un megaproyecto con capital español en Guatemala. Como el propio Bernardo, líder comunitario, denuncia, “las empresas, sin importar y sin consultar, nos han robado el río Cahabón con todos sus afluentes. [...] Una de las empresas que se ha dado a la tarea de llevar en túnel nuestro río sagrado es ACS, Cobra, de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. [...] Exijo a ustedes un mayor control sobre las empresas españolas para que respeten los derechos de los pueblos indígenas y que no nos traten como criminales por exigir nuestros derechos”. Cabe subrayar que la consulta previa a las comunidades afectadas por un proyecto es una obligación,  tal como queda recogido en el Convenio 169 de la OIT


Si los derechos humanos valieran más que los intereses de las grandes empresas, los verdaderos culpables del asesinato de Berta Cáceres, líder indígena hondureña asesinada en 2016 por defender derechos frente a grandes proyectos hidroeléctricos, habrían sido juzgados en lugar de ocultados. Ya pasado el juicio por este crimen, en octubre de 2019. se aportaron pruebas de que el presidente de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S.A. había pagado por el asesinato de la defensora.



Un debate que no avanza

En 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos lo vivíamos entonces como un gran avance, pero lo cierto es que numerosos Estados, y entre ellos los miembros de la Unión Europea y en especial España, no han dado muestras de una voluntad política para que el debate progrese y el Tratado Vinculante sea una realidad y han mantenido posiciones ambiguas y poco comprometidas. Mientras tanto, como denuncia la Coordinadora de ONGD de España, una media de seis personas son asesinadas en el mundo cada semana por defender los derechos humanos.

Del 12 al 19 de octubre de 2019  tuvo lugar la quinta sesión del grupo de la ONU encargado de la elaboración del Tratado Vinculante. Cuenta Amigos de la Tierra que hubo aspectos positivos, como una mayor participación y el hecho de que ningún Estado participante haya cuestionado la continuidad de este trabajo. Pero lo cierto es que sigue habiendo muchos obstáculos para avanzar: no participan en estos trabajos los Estados de donde son originarias la mayoría de las transnacionales y los borradores carecen de la ambición necesaria para convertirse en el instrumento que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y el medio ambiente. Además, algunos Estados quisieron excluir la voz de la sociedad civil, si bien otros defendieron la presencia de este actor, principal motor del avance hacia este Tratado

Qué reclamamos con el Tratado Vinculante

Frente a esa ambigüedad y a esa falta de compromiso, las organizaciones de la sociedad civil tenemos bien claras nuestras demandas:

  • El texto debe dejar clara la superioridad jerárquica de todos los derechos humanos sobre los tratados de comercio e inversiones.

  • El texto debe tener un enfoque de género, porque las mujeres experimentan violaciones de derechos humanos relacionados con las empresas de manera única y se ven afectadas, a menudo, de manera desproporcionada. Así lo constatamos en un reciente informe.

  • El tratado debe establecer claramente las obligaciones de las empresas transnacionales

  • El Tratado debe abarcar y tener en cuenta todos los eslabones de la cadena de producción y suministro.

  • Debe ponerse en marcha una Corte Internacional para que el Tratado sea realmente vinculante y no un papel mojado.

  • Los defensores y defensoras de derechos humanos, del medio ambiente y de las comunidades deben ser protegidos y su autoridad moral frente a las empresas transnacionales tiene que reconocerse.

  • Se deben fijar medidas para proteger la puesta en marcha del Tratado de la infuencia de las grandes empresas.