Blog de InspirAction

Un reciente informe de Front Line Defenders estima que en 2017 fueron asesinados 300 defensores de los derechos humanos en 27 países. Dos tercios de ellos eran defensores de la tierra, de los pueblos indígenas o del medio ambiente. Llama la atención que solo en el 12% de los casos se detuvo a sospechosos. La impunidad y los crímenes contra los defensores de derechos humanos y del medio ambiente se explican como un pilar de un sistema profundamente injusto, como señala Jim Loughran, director del Proyecto del Memorial de DDH en Front Line Defenders: «En cada uno de los países donde el número de asesinatos se está disparando, la corrupción económica y la colusión entre el Estado y las empresas han dado lugar a un sistema político diseñado para mantener a las élites en la cima y acallar a aquellas personas que han sido privadas de sus derechos». El informe detalla casos de Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas, donde han tenido lugar el 80% de los asesinatos de defensores de derechos humanos documentados.

Una superviviente de violaciones de derechos humanos cometidas contra el pueblo embera cuenta su historia.

“Los defensores de los derechos humanos son cada vez más el objetivo de ataques, hostigamiento, intimidación, vigilancia, censura, detención arbitraria, desaparición forzada e incluso asesinato, solo por defender lo que es justo”, señalan los organizadores de la Cumbre Mundial de Defensores/as de Derechos Humanos, que se celebrará a finales de octubre en París. Para InspirAction es urgente defender a quienes defienden los derechos de toda la humanidad.

La corresponsabilidad de los países enriquecidos

Pero los Gobiernos de los países enriquecidos y desarrollados no están en absoluto al margen de este sistema perverso que, en muchas ocasiones, beneficia a empresas de esos mismos países. Y un triste ejemplo de esto es el papel que está jugando la Unión Europea en la negociación que estos días está teniendo lugar en Ginebra para la firma de un tratado de derechos humanos y empresas, con el objetivo de establecer un instrumento jurídicamente vinculante que proteja a las comunidades locales y ponga fin a la impunidad con la que multinacionales cometen violaciones de derechos humanos. El papel de la Unión Europea y, dentro de ella, del Gobierno de España, ha sido el de obstaculizar esta herramienta. Cuenta a El Salto Juliette Renaud, de Amigos de la Tierra Francia, que “la UE no hace más que repetir como un loro lo que dicen los lobbies empresariales internacionales en este grupo de trabajo de la ONU, con los mismos argumentos y a veces las mismas palabras”.

España puede y debe hacer más 

Hace unos días el parlamentario Pedro Arrojo preguntaba al Ministro de Asuntos Exteriores qué medidas va a implementar el Gobierno para proteger a los defensores del medio ambiente, recordando el caso de Berta Cáceres, asesinada en Honduras por defender el medio ambiente y las comunidades indígenas. Josep Borrell respondió que “es evidente que no podemos proteger la vida de todos los ciudadanos fuera de nuestras fronteras”, pero que “podemos hacer más y debemos hacer más”. Puedes ver aquí la pregunta de Pedro Arrojo y la respuesta de Josep Borrell: 

Sin duda, trabajar activamente a favor de un tratado vinculante que obligue a las multinacionales a respetar los derechos humanos es parte de ese “más” que España puede y debe hacer para proteger a los defensores de los derechos humanos y así se lo estamos exigiendo multitud de organizaciones de la sociedad civil.

¿Qué hacemos en InspirAction para proteger a los defensores de los derechos humanos?

En InspirAction somos muy conscientes de la corresponsabilidad del Norte en los asesinatos de activistas del Sur. Por eso, en ambos hemisferios apoyamos el admirable empeño de los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente para construir un mundo mejor.

Por un lado, en el Norte presionamos al Gobierno español para que se decida a apoyar la formulación de un tratado vinculante que termine, de una vez por todas, con la impunidad de la que gozan multinacionales (algunas de ellas, españolas) en los países del Sur a la hora de explotar recursos, desterrar a comunidades, perseguir a activistas o contaminar el entorno.

Por otro lado, en Colombia llevamos a cabo un proyecto de fortalecimiento de la red de defensoras. Desde la llegada de la paz, los asesinatos a defensores de los derechos humanos y el medioambiente no han dejado de crecer en Colombia. En lo que va de año, 190 líderes comunitarios han sido asesinados y pocos de estos casos han sido resueltos por el Gobierno colombiano. Fortalecer a las activistas, fomentar su trabajo en red, proveerlas de sistemas de alerta temprana y defensa y apoyar la difusión de su trabajo en el plano internacional son algunos de los ejes de este trabajo. .