¿Qué tiene que ver España con el asesinato de manifestantes en Nicaragua?
Es el balance de lo ocurrido en Nicaragua tras el inicio de las protestas que comenzaron el pasado 18 de abril. Así lo ha anunciado La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe preliminar sobre la situación actual de los derechos humanos en el país.
Son datos que evidencian graves violaciones de Derechos Humanos, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza, por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados, contra las miles de personas que el 18 de abril salieron a la calle para expresar su descontento en relación a la reforma de la seguridad social que incrementó los aportes de trabajadores y empleadores y que estableció una reducción del 5% en las pensiones.
Represión violenta contra manifestantes
Según el CIDH las manifestaciones con mayor grado de represión tuvieron lugar en las universidades. En una de ellas, la Universidad Nacional de Ingeniería, tuvieron lugar quizás los hechos más graves. Las fuerzas policiales y grupos motorizados abrieron fuego e incendiaron las instalaciones. Muchos estudiantes se dieron a la fuga, pero varios de ellos quedaron atrapados en el recinto y perdieron allí la vida o sufrieron graves heridas. Uno de ellos fue Álvaro Conrado, de 15 años de edad, impactado por una bala de goma en su cuello y cara cuando intentaba llevar agua a un amigo que participaba en las protestas. Testigos afirman que los disparos fueron efectuados por francotiradores.
Balas fabricadas en España
Una de las balas que asesinó a Álvaro fue fabricada en España, concretamente por la empresa Falken S.A. Así lo ha podido confirmar el informe de la CIDH tras analizar numerosos cartuchos, casquillos y otros remanentes de municiones disparadas por la policía, recogidos por los manifestantes.
Y es que en el año 2016 la Policia de Nicaragua compró a España municiones y equipos antimotines por un valor aproximado de 1.5 millones de euros. Una gran parte de la compra eran balas de goma, gases lacrimógenos y equipos antidisturbios.
Tortura e incomunicación tras las detenciones
Durante las protestas 438 personas fueron detenidas y llevadas a unidades de policía. Muchas de estas personas han denunciado haber sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención: golpes, insultos, falta de alimentos y escasa provisión de agua. En algunos de los casos, denunciaron haber perdido todas sus pertenencias, incluidos los teléfonos que quedaron en manos de los agentes estatales. Durante tres días de detención no fueron puestos a disposición de un juez, ni se comunicaron con los familiares.
Ausencia de responsabilidades y transparencia ante los asesinatos y detenciones
Censura y represalias contra las y los periodistas
La respuesta represiva también incluyó medidas de censura contra la prensa, el bloqueo y ataques al funcionamiento de medios de comunicación en Internet, como represalia por su cobertura de las protestas, hechos que constituyen una forma de censura inadmisible en un sistema democrático. Denunciamos especialmente el asesinato del periodista Ángel Gahona, ocurrido el 21 de abril en Bluefield, mientras cubría los disturbios.
Intimidación y amenazas hacia las defensoras y defensores de derechos humanos
La CIDH ha podido constatar un alto número de denuncias de amenazas, incluidas de amenazas de muerte, por parte de agentes estatales y de terceros en contra de manifestantes, jóvenes, familiares de víctimas, testigos, religiosos y grupos opositores al gobierno; vigilancia a través de patrullajes policiales y motorizados particulares, así como hostigamiento en redes sociales. La Comisión además recibió múltiples testimonios sobre funcionarios estatales de diferentes instituciones que habrían sido forzados a participar en actos a favor del gobierno bajo amenaza de ser despedidos.
El deterioro medioambiental: el otro detonante de las protestas
Sin embargo, tuvo lugar un hecho que estuvo directamente relacionado con el inicio de las protestas del 18 de abril. Fue el incendio en una de las principales reservas naturales del país, la Reserva Biológica Indios Maíz, donde fueron afectadas más de 6,000 mil hectáreas de bosque y que fue catalogado por expertos ambientales como "el problema ambiental más serio en la historia de Nicaragua".
Jóvenes ambientalistas convocaron automáticamente manifestaciones en las diferentes universidades. Protestas que confluyeron con las de descontento por la reforma de la seguridad social y la reducción de las pensiones. Las y los activistas criticaron especialmente la respuesta del Gobierno, quien rechazó la ayuda de Costa Rica, país que ofreció un equipo de cuarenta bomberos que viajaron hasta la frontera entre ambas naciones con bombas, drones y un sistema especial de radiocomunicaciones.
Desde InspirAction consideramos todos estos hechos como graves violaciones de los Derechos Humanos. Como organización con sede social en España condenamos fuertemente la venta, por parte de España al gobierno nicaragüense, de municiones y equipos antimotines. Balas de goma, gases lacrimógenos y equipos antidisturbios que han contribuido a ejercer la violencia, en algunos casos hasta el asesinato, de aquellas personas que salieron a la calle a ejercer su derecho a la libertad de expresión. Municiones y equipos que no deberían haberse usado nunca contra manifestantes pacíficos ni en Nicaragua ni en España.
