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Por un trabajo digno en América Latina y el Caribe

lunes, 4 de mayo de 2015  Blog Justicia Fiscal     Desigualdad, Derecho a Trabajo
Todo el mundo debería tener la posibilidad de participar en los mercados de trabajo en igualdad de condiciones, con posibilidades de conseguir empleos de calidad y estables, y así poder conseguir un desarrollo inclusivo y sostenible en cada país. Cada vez hay más consenso internacional basado en esta premisa: la ILO ha estado trabajando en un “Programa de Trabajo Decente”; el Banco Mundial puso de relieve esta cuestión en su informe de 2013 “El Desarrollo del Mundo se basa en el Empleo” indicando que son los puestos de trabajo los que impulsan el desarrollo y no a la inversa; uno de los proyectos que se acuerden este año de Objetivos de Desarrollo Sostenible es el trabajo decente. A pesar de esto, la realidad en los países de América Latina y el Caribe es muy distinta. Si bien el crecimiento económico y las nuevas políticas redistributivas han contribuido a la reducción de las tasas medias de pobreza en la región durante los últimos años, esto no ha llevado consigo un cambio sostenible en muchos países donde persiste la pobreza arraigada. La causa principal es que la mitad de la población activa de América Latina y el Caribe (al menos 130 millones de trabajadores) tienen empleos informales, mal pagados y sin protección social que mantienen a las personas más vulnerables en situaciones de pobreza crónica. De hecho, según estimaciones oficiales recientes, la tendencia de reducción de la pobreza se estancó en 2012 y ahora comienza a revertir. Algunas estadísticas muestran que la reducción de la desigualdad también se ha estancado en la región, las rentas insuficientes se colocan en la parte inferior de la pirámide de ingresos. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han confiado en el crecimiento económico dependiendo de las exportaciones, en lugar de dar forma a economías que generen empleos decentes y a la redistribución de la riqueza. Pero este exceso de confianza en los productos básicos (sobre todo a través de la industria extractiva y agroindustria) ha llevado a una reducción de los puestos de trabajo en la agricultura a pequeña escala y el sector manufacturero. De la misma forma, el hecho de no gravar efectivamente tales industrias y utilizar los ingresos para reinvertir en servicios e infraestructuras esenciales ha socavado las perspectivas de futuro, ya que los precios de los productos básicos están empezando a caer y la riqueza sigue concentrada en manos de unos pocos. Los sectores más vulnerables de la sociedad no se han beneficiado del crecimiento económico. Los patrones de desigualdad y discriminación existentes en la región disminuyen las posibilidades de las personas de acceder a un trabajo digno. Las mujeres se ven más afectadas por el trabajo precario ya que tienden a ser empleadas temporalmente, con salarios bajos y sin beneficios tales como licencias por maternidad. Los roles de género tradicionales y los estereotipos persisten y siguen teniendo efectos negativos en las oportunidades de empleo, lo que lleva a la segregación ocupacional y jerárquica. América Latina y el Caribe es la región con el mayor número de trabajadores domésticos (90% mujeres), cifra que se duplicó entre 1995 y 2010 hasta llegar a los 18 millones de mujeres, la mayoría con salarios muy bajos y malas condiciones laborales. Los pueblos indígenas y afro descendientes también se enfrentan a enormes obstáculos y tienden a recibir salarios más bajos en peores puestos de trabajo, con menos posibilidades de movilidad social. La etnicidad y la raza a menudo se cruzan con las desigualdades de género, por lo que las mujeres indígenas y afro descendientes se sitúan en la parte inferior de la distribución de ingresos, con niveles más altos de pobreza y exclusión. Los jóvenes tienen tres veces más probabilidades de no conseguir empleo que el resto de la población. Esto va acompañado del aumento de las tasas de deserción escolar y la violencia en la comunidad, lo que crea un círculo vicioso de pobreza.  Los países latinoamericanos y caribeños deberían aprovechar la ventaja demográfica (proporción relativamente alta de población en edad de trabajar) y abordar el alto desempleo juvenil y el déficit educativo, e identificar el progreso del empleo como la prioridad para generar un crecimiento económico sostenible. Son los empleos decentes los que crean riqueza real y compartida. Los estados de esta región tienen que diversificar sus economías, cambiar radicalmente sus estructuras fiscales y aumentar sus políticas de ingresos fiscales y de redistribución; invertir en su fuerza de trabajo (educación y capacitación), fortalecer y hacer cumplir los derechos laborales, introducir mecanismos de protección social; combatir la discriminación de género y racial, y la desigualdad en la educación y en los lugares de trabajo.

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