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ONG españolas denuncian: Miles de dominicanos en inminente riesgo de apatridia

jueves, 23 de octubre de 2014  Notas de prensa República Dominicana Construyendo Paz     Apatridia
El gobierno de República Dominicana reconoce la necesidad de ampliar el plazo concedido  para que los ciudadanos, fundamentalmente descendientes de  haitianos, no inscritos en los registros civiles del país regularicen su situación. Aunque no asume las denuncias de la sociedad civil sobre que el proceso no se está llevando a cabo con las garantías necesarias.
-Miles de afectados no se han adherido todavía al Plan de Regularización Nacional por falta de información o trabas burocráticas.

- No sólo es injusta la sentencia que dio origen a la desnacionalización de la población de ascendencia haitiana, sino que los procedimientos mediante los cuales se está aplicando no están siendo los adecuados.

- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a República Dominicana que modifique cualquier ley e incluso la Constitución para evitar la negación de la nacionalidad dominicana.

- Las organizaciones Alboan, Entreculturas, InspirAction, InteRed, Manos Unidas y OCASHA-Cristianos con el Sur que venimos apoyando a la sociedad civil organizada de República Dominicana en contra de la desnacionalización de las personas nacidas en el país de origen haitiano reclamamos una respuesta justa.

El próximo 28 de octubre finaliza el plazo concedido por el Gobierno de la República Dominicana para que las personas nacidas en el país descendientes de migrantes haitianos no inscritos en los Registros Civiles regularicen su situación. Sin embargo, una mínima parte de los afectados por la sentencia 168-13 del tribunal constitucional dominicano han podido de facto adherirse al procedimiento de regularización establecido en la ley 169-14, debido a los graves fallos registrados en el proceso de aplicación de la norma. Por este motivo, y ante la presión de las organizaciones sociales, el 22 de octubre el presidente Danilo Medina presentó a la Cámara de Diputados para su aprobación un proyecto de ley que extiende el plazo en 90 días.

Las organizaciones de la sociedad civil de la República Dominicana han denunciado las numerosas irregularidades cometidas por parte de funcionarios del Ministerio del Interior y de la Policía, tales como falta de campañas de información sobre los requisitos, el inadecuado número de oficinas donde debían efectuarse los trámites, procedimientos administrativos que contradicen la propia ley, o el cobro de documentos  que debían expedirse de manera gratuita. “Ha reinado el desorden y la desinformación”, denunció el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas(MUDHA), que considera fracasado el plan del Gobierno para conceder un régimen especial a las personas dominicanas descendientes de haitianos.

Las organizaciones Alboan, Entreculturas, InspirAction, InteRed, Manos Unidas y OCASHA-Cristianos con el Sur que venimos apoyando a la sociedad civil organizada de República Dominicana en contra de la desnacionalización de las personas nacidas en el país de origen haitiano, reclamamos:

·  Que se eliminen las trabas burocráticas y se facilite el acceso a la documentación necesaria a las personas afectadas por la sentencia 168-13 y la posterior ley 169-14

·  Que se apruebe el proyecto de ley que extiende el  plazo para evitar que la ciudadanía que no ha podido inscribirse durante el escueto margen establecido por el Gobierno no quede en ningún limbo legal ni en situación de apatridia una vez culminado el proceso

·  Que acate la sentencia de la CIDH y de los pasos necesarios para revertir esta situación de vulneración de derechos

El Gobierno de la República Dominicana debe garantizar la documentación de sus nacionales y comprometerse a no vulnerar sus derechos civiles. Debe garantizar el acceso de toda la ciudadanía a servicios fundamentales como la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social, entre otros. Y debe, por último, admitir el fracaso del proceso de regulación y naturalización, que no se ha implementado de manera adecuada por falta de medios y de voluntad real de solucionar la problemática de la población afectada.

Exigimos que la República Dominicana reconozca y restituya los derechos adquiridos de los dominicanos y dominicanas afectados, comenzando por prorrogar el plazo para el registro a fines de naturalización. La comunidad internacional no puede obviar este hecho que vulnera los derechos fundamentales de las personas y que sienta un precedente jurídico muy peligroso para otras poblaciones minoritarias discriminadas por su origen.

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