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No ser nada si no se es tierra

2018-06-26-brasil-guaranies1"Sin la tierra no somos nada... Aquí es donde cultivamos nuestra cultura, nuestra tradición... Aquí es donde obtenemos nuestra educación, nuestra salud...", reclama Hernani Vilela. Él es líder comunitario de Piaçaguera, una comunidad indígena del sur del Estado de São Paulo que está a punto de perderlo todo.

Son 230 familias Tupi-Guarani que desde hace casi 20 años están luchando por la titularidad de sus tierras. Como nos dice Hernani "Sin su tierra no son nadie" y es que para este pueblo indígena su supervivencia depende totalmente de ella. Viven gracias a ella y se sienten unidos a ella. Por eso, la cuidan y protegen como a un miembro más del pueblo. Pero sus tierras, al estar ubicadas cerca de un área urbanizada del Estado de São Paulo, están amenazadas. Los ataques son constantes y van más allá de los intereses económicos de los propietarios de tierras vecinas. La última amenaza ha sido la edificación de una planta termoeléctrica cuya construcción tendría un grave impacto social y medioambiental. Sin embargo, tras años de movilización esta población ha logrado detener la construcción de la infraestructura.

Para evitar estas continuas amenazas y poder desarrollarse libremente como personas y como comunidad, el pueblo Tupi-Guaraní necesita la titularidad de sus tierras. Gracias a las presiones continuas que junto a ellos hemos llevado a cabo, en 2016 los indígenas del grupo étnico Tupi-Guaraní obtuvieron la aprobación para reclamar la titularidad de sus tierras, pero en junio del mismo año un propietario de tierras locales cuyas propiedades rodean las aldeas, presentó una petición ante el Tribunal Supremo Federal (STF) contra este proceso. Y el Tribunal lo suspendió. El ministro Celso de Mello emitió una medida cautelar que impide que los tupí-guaraníes registren sus fronteras terrestres en el registro local, el último paso del procedimiento.


Una agenda política enemiga de los pueblos indígenas

Desgraciadamente, no se trata de un caso aislado. Según el Instituto Socioambiental (ISA) hay más de 9 millones de hectáreas de tierras indígenas en riesgo, que pueden no ser otorgadas a sus habitantes debido a la construcción de 42 infraestructuras y 193 proyectos mineros. Y es que este caso coincide con un número sin precedentes de amenazas dirigidas a los pueblos indígenas que reclaman su derecho a la tierra. Además, también se ha producido una reducción en el número de áreas de conservación; un aumento en la tasa de deforestación en tierras indígenas (que se ha triplicado entre 2015 y 2016); y recortes presupuestarios en los cuerpos técnicos encargados de la reforma agraria y los procesos de otorgación de la titularidad de tierras. Así mismo, nos preocupa especialmente una nueva enmienda a la Constitución, en discusión, que podría detener toda la demarcación de tierras en el país. Si se lleva a cabo toda la agenda impuesta por los sectores más conservadores en el congreso brasileño, ecosistemas enteros y poblaciones tradicionales desaparecerán.

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Nuestra organización socia, la Comissão Pró-Índio, que ha estado trabajando en Piaçaguera desde 2013, afirma que desde el inicio del proceso, los propietarios de tierras locales han tratado de socavar el reclamo de los Tupi-Guarani, anteponiendo sus propios intereses económicos ante los de la población indígena, sabiendo que se trata de un asunto vital para estas personas. No hay fecha para el juicio final sobre el reclamo del propietario de la tierra local ante la Corte Suprema, por lo que la titulación de la tierra permanece suspendida. La expectativa es que los ministros voten para garantizar el derecho constitucional de los Pueblos Indígenas a la tierra, pero hasta entonces, los tupi-guaraníes continuarán movilizándose.