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El derecho a ser consultados

jueves, 2 de agosto de 2012  Blog     Derechos Humanos, Pueblos indígenas
Hace unas semanas tuve la suerte de asistir a un taller llevado a cabo en la comunidad Guaraní Tenondé Porã, (Sao Paulo, Brasil) por nuestra contraparte CPI. Durante tres días, 50 líderes guaranís de 12 comunidades diferentes se reunieron en esta aldea para debatir sobre "Los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa, libre e informada". Es decir,  sobre la forma de participar e influir en el proceso actualmente en curso en Brasil para regular la consulta a las poblaciones indígenas ante proyectos que puedan afectarles, tal y como establece el Convenio 169 de la OIT. El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por Brasil en 2004, pero sólo en enero de 2012 el gobierno brasileño creó un grupo interministerial de trabajo para estudiar, evaluar y presentar una propuesta para regular los procedimientos para la consulta libre previstos en la Convención. El proceso se inició con reuniones y un seminario en Brasilia, el pasado mes de marzo, con los líderes indígenas, los quilombolas,  distintas ONG y organismos gubernamentales. El gobierno esperaba que la propuesta sobre el mecanismo de consulta pudiera ser presentada en Río +20, pero finalmente el periodo se extendió hasta finales de 2013. Mientras, todos sabemos que hasta el momento en Brasil el derecho a consulta no ha sido respetado. La construcción en la Amazonía de la represa hidroeléctrica Belo Monte, en la que la desviación del río inundará una gran extensión de terreno, desplazando a más de veinte mil personas, y secando unos 100 km de río (y por lo tanto dejando sin recursos a las personas que dependen de él), es un claro ejemplo. Nuestra contraparte CPI expresa ciertas cautelas ante la iniciativa del gobierno brasileño de regular el derecho a consulta. Su coordinadora, Lucía Andrade, me decía que "la regulación debe garantizar la plena eficacia del derecho garantizado por el Convenio 169 de la OIT, y no abrir el camino para mega proyectos empresariales en las tierras de las comunidades indígenas y quilombolas". Incluso la fiscal María Luisa Grabner reconocía que "el gobierno brasileño no está cumpliendo con el Convenio de la OIT. Se están dando consultas falsas que tienen lugar cuando las decisiones sobre los proyectos ya se han tomado". El líder guaraní Alcides Gomes, jefe de la comunidad Paranapuã, en la ciudad costera de San Vicente, fue más allá de manifestar su tristeza "ya que siempre se nos ha ocultado la existencia del Convenio 169 de la OIT, que protege los derechos de las comunidades indígenas en Brasil". Junto a CPI, nuestra prioridad es que esto no siga ocurriendo. Si queremos garantizar que las poblaciones tradicionales sean capaces de defender sus territorios, deben tener acceso a la información relativa a sus derechos, y ser apoyados en la búsqueda de justicia. El derecho a consulta no será tal, si no es, como indica el propio Convenio, “libre e informada”. No queremos más proyectos empresariales que desplazan y violan los derechos de estas comunidades, sin ni siquiera pedirles permiso para utilizar sus territorios. Nunca más.

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