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Colombia: no hay paz sin justicia para las mujeres

jueves, 7 de mayo de 2015  Blog

Claudia Mejía dirige Sisma Mujer, organización colombiana socia de InspirAction, como abogada feminista por los derechos humanos. Claudia lleva décadas defendiendo los derechos de las mujeres en Colombia, abogando por una legislación esencial contra la violencia, y dando voz a miles de víctimas de la violencia sexual durante el conflicto. Esta semana ha visitado nuestras oficinas en Londres.

Ha viajado recientemente a La Haya con otros grupos de derechos humanos para presentar pruebas a los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la violencia sexual perpetrada en Colombia durante los años del conflicto. El informe que presentaron a CPI revela que la violencia sexual durante el conflicto en Colombia había sido utilizada como una estrategia por todas las partes del conflicto, y en especial por las fuerzas armadas, por lo que debería ser considerada un crimen de guerra.

Los datos oficiales demuestran que la violencia contra las mujeres en Colombia no se está reduciendo, aun cuando el Gobierno y las FARC han participado en las conversaciones de paz durante los últimos dos años y medio. De hecho, las denuncias de violencia contra las mujeres en el país están creciendo. En 2014, los servicios forenses estatales registraron un aumento del 93% de la violencia sexual en el contexto del conflicto. Sumado a esto hubo un 30% más de asesinatos de mujeres por parejas o ex parejas, así como un fuerte aumento de las amenazas contra las defensoras de derechos humanos.

Esta escalada de violencia de género no tiene una explicación clara y directa. Quizá ahora hay más mujeres que han decidido denunciar, o haya un mejor registro de datos por parte de las autoridades. Sin embargo, en Colombia, como sucede en otros países con pobres registros, la gran mayoría de las mujeres (el 82% según encuestas de 2010) no denuncia a sus agresores.

Para algunos expertos como Claudia Mejía, la persistencia de la violencia contra las mujeres es un claro indicador de que hay más fuerzas en juego, y apunta a la discriminación profundamente arraigada y la desigualdad de género, que asegura la impunidad casi total, como causas fundamentales. A esto se suma el hecho de que cuando las mujeres se atreven a luchar por sus derechos se enfrentan a reacciones violentas.

Hay razones para pensar que el acuerdo final de paz puede generar un cambio. Gracias a la incesante presión por parte de los grupos de mujeres, los negociadores de paz en La Habana han establecido un comité especial de género y han tenido que escuchar los testimonios de las víctimas de la violencia sexual - este es un paso positivo e innovador, a pesar de que este supone desde hace tiempo uno de los compromisos incumplidos de la comunidad internacional.

Sin embargo, debido a que es una negociación, y todas las partes siguen negando su participación en los crímenes, hay un riesgo muy real de que los autores puedan conseguir la amnistía u otras fórmulas especiales de perdón, como ha sucedido a menudo en otros numerosos acuerdos de paz de América Latina en el pasado.

Si se falla a la hora de hacer frente a los abusos del pasado y se permite que los autores de los crímenes de guerra queden libres en lugar de enfrentarse a la justicia, la violencia se normalizará y seguirá siendo generalizada como ha ocurrido en tantos países que salen de conflictos. Esto supondría que aunque Colombia sea un país en “paz” oficialmente, la gente común seguirá enfrentándose a altos niveles de violencia.

Por eso los grupos de derechos de las mujeres están haciendo un trabajo importante para mantener la presión sobre los negociadores de paz, pidiéndoles que se enfrente a este problema. Algunas de las medidas de los grupos de mujeres han sido pedir una comisión especial de la verdad sobre la violencia sexual; tribunales especializados para hacer frente a los perpetradores y sobrevivientes de violencia sexual; medidas estructurales para combatir la desigualdad de género y las normas sociales perjudiciales; y una verdadera inclusión de las mujeres en las estructuras democráticas del país, sin discriminación.

El acuerdo de paz es la oportunidad de hacer cambios radicales, dar forma a una sociedad más igualitaria, y abordar las causas profundas del conflicto. Garantizar la justicia y la reparación para las mujeres y las niñas es un paso esencial para esto, ya que sólo una sociedad más justa e igualitaria puede asegurar una paz que es duradero y significativo.

En mayo del año pasado, Claudia fue invitada como experta a la Cumbre Internacional contra la Violencia sexual en conflictos, organizada por el gobierno del Reino Unido y en diciembre de ese mismo año, asistió como experta en género a las conversaciones de paz para Colombia en La Habana. En 2013 su organización, Sisma Mujer, junto con ABColombia, publicaron un informe sobre la magnitud del problema de la violencia sexual en el conflicto, que la Corte Constitucional de Colombia había calificado como “una práctica habitual, amplia, sistemática e invisible” perpetrada por todos los actores del conflicto a lo largo de 50 años. La encuesta ENVISE estima que entre 2000 y 2009, casi medio millón de mujeres sufrieron violencia sexual en Colombia.


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