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¿Amar a tu prójimo? No cuando se trata de la República Dominicana y Haití

viernes, 14 de octubre de 2011  Blog     Derechos Humanos

Desde el terremoto, la atención mundial se ha centrado en la reconstrucción de Haití. Un Haití  para aquellos que ya viven allí. Pero hay miles de haitianos que viven al otro lado de la frontera, en República Dominicana, cuya situación también ha empeorado de manera drástica. Durante años, las relaciones entre los gobiernos de Haití y la República Dominicana han sido tensas. Mucho antes del terremoto, su desigual desarrollo económico ha implicado flujo constante de trabajadores haitianos que cruzan la frontera en busca de empleo en República Dominicana. Mientras que la República Dominicana se ha apoyado en estos trabajadores migrantes que aportan mano de obra barata en las cosechas de caña de azúcar y también en la industria de la construcción, algunos políticos han tratado de ganar votos y popularidad a costa de lsu demonización. No hablamos de nada nuevo, por supuesto. En todo el mundo, los inmigrantes son rutinariamente vilipendiados, humillados y acusados de robar puestos de trabajo locales. Sin embargo, en la República Dominicana, tanto a nivel retórico como real, la discriminación está creciendo a pasos agigantados. En el período inmediatamente posterior al terremoto, la actitud cambió radicalmente y la República Dominicana fue uno de los primeros estados en ofrecer ayuda, con ambulancias, personal médico y suministros de emergencia. A los haitianos gravemente heridos se les permitió cruzar libremente la frontera para recibir tratamiento médico. Pero ahora, más de 18 meses después, las relaciones entre los dos países han comenzado de nuevo a enfriarse. El mes pasado, José Ricardo Taveras, el director de migración de República Dominicana, se quejó públicamente de la afluencia de inmigrantes de Haití desde el terremoto. Esta primavera, la en la ciudad de Santiago podían verse carteles llamando a los haitianos a regresar a su casa. No se trata sólo de retórica. Durante los últimos siete años, el gobierno dominicano ha reescrito la constitución y reinterpretado antiguas leyes, eliminando el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Desde el 26 de enero de 2010, los ciudadanos deben probar que al menos uno de sus padres es de nacionalidad dominicana, como requisito imprescindible para ser reconocido como dominicano. En otras palabras, si sus padres son indocumentados haitianos que viven en República Dominicana, ya no tienen el derecho a la nacionalidad dominicana, incluso si ha vivido allí toda su vida y nunca ha pisado Haití. Este nuevo giro burocrático tiene consecuencias muy reales en la vida de multitud de personas. Hablemos por ejemplo de Miledis Juan, que comparte una pequeña casa de dos habitaciones con su esposo y su hijo de un año de edad en el batey Esperanza, un barrio de chabolas a las afueras de la capital, Santo Domingo. En la actualidad trabaja con una máquina de bordar en una fábrica de la zona de libre comercio. Aunque recientemente Miledis fue a la universidad para convertirse en un maestra y mejorar su situación, el certificado que obtuvo hoy no tiene valor. No puede conseguir un trabajo como maestra porque no puede obtener una copia de su certificado de nacimiento. Miledis tiene un documento nacional de identidad y un certificado de nacimiento, que demuestran que nació en República Dominicana. Pero ahora el gobierno afirma que no son válidas porque sus padres eran haitianos indocumentados. Miledis también necesita una copia de su certificado de nacimiento para inscribir el nacimiento de su propio hijo. Si el niño no tiene su propio certificado de nacimiento, no se le permitirá el acceso a los servicios de salud, o asistir a la escuela después del octavo grado. Y las consecuencias de esta nueva ley no terminan aquí: las reglas se aplican con carácter retroactivo a las personas que, al igual que Miledis, ya han obtenido la nacionalidad dominicana, lo que contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, de la que la República Dominicana es signataria. Las autoridades dominicanas indican que la gente que pierda sus papeles con la nueva ley debe solicitar la nacionalidad haitiana, a pesar de no hablar creole o de que nunca hayan puesto un pie en Haití. En todo caso, para obtener la nacionalidad haitiana deben haber vivido en este país por lo menos durante cinco años. Esto significa que miles de personas de origen haitiano que viven en República Dominicana son ahora apátridas. La situación, cuanto menos, es injusta y poco práctica, por no hablar de su ilegalidad con respecto a las leyes básicas de protección de los derechos humanos. Prospery Raimond en Responsable de InspirAction en Haití.

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