Ya llegó la primavera, dicen. Pero a mí hoy el día me parece más gris que nunca. Recién llegada a la oficina, me desayuno con una noticia que hace pequeño todo lo demás. Crisis, recortes, huelgas, estrés, quedan atrás.

Anoche encontraron en la desembocadura del río Pavarandó el cuerpo sin vida de Manuel Ruiz, un líder reclamante de tierras en Curvaradó, Colombia. Su rostro ha quedado tan desfigurado que es irreconocible, pero por sus ropas y su constitución, parece claro que es él. De su hijo de 15 años, Samir Ruiz, a quien también desaparecieron con él, no hay rastro.

El viernes pasado Samir y su padre fueron detenidos por varios paramilitares, y obligados a bajarse del vehículo en el que viajaban hacia Curvaradó. Desde entonces, no se volvió a saber de ellos. Apenas una llamada anónima a la familia diciendo que ya les habían asesinado. Ninguna autoridad civil se movilizó con prontitud a la región para acceder a los lugares donde presumiblemente los paramilitares tenían en su poder o arrojaron los restos de Manuel y su hijo Samir. La búsqueda ha recaído en las propias comunidades de la zona, junto a acompañantes nacionales e internacionales.

Manuel había demandado una y otra vez al gobierno medidas de protección ante las amenazas de las que era objeto. ¿La respuesta del Estado? Un teléfono móvil de bajo coste y con pocos minutos, como único elemento preventivo. Sabiendo que Manuel era un reclamante y líder del proceso de restitución de tierras, que se enfrentaba a poderosos empresarios y a sus grupos armados, el gobierno consideró que con un teléfono quedaba garantizada su seguridad.

Hoy, dentro de unas horas, comenzará el operativo para acceder al lugar y proceder al levantamiento del cadáver. Mientras tanto, la familia de Manuel y de Samir ha tenido que desplazarse. Siete niños y doce adultos. Tuvieron que dejar su hogar, temiendo por sus vidas, sin que el gobierno les haya brindado ningún tipo de atención humanitaria.

Para organizaciones como InspirAction, que acompañamos este proceso de lucha por la restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó, hoy es un día gris, sí. Gris, doloroso, marcado por la indignación. ¿A qué espera el Estado colombiano? ¿Cuándo va a actuar? ¿Cuántas personas más tienen que morir?

“Cuando nos tocó desplazarnos, yo tenía 4 años. Un día mi papá llegó y nos dijo que nos teníamos que ir de la casa. A mí no me extrañó tanto porque ya muchas familias se habían ido, y yo veía que a cada rato venían hombres armados y nos preguntaban cosas. Mi papá siempre nos decía que no contestáramos, que dijéramos que no sabíamos nada.

Yo sabía que había una guerra, porque escuchábamos tiros. Cuando sonaban, yo me metía bajo la cama. Veíamos bajar los muertos por el río, con los goleros (buitres) posados en la barriga, comiéndoles poco a poco. Veíamos tantos muertos que casi nos acostumbramos. Mi mamá siempre vigilaba que no nos alejáramos, porque estaba muy asustada.

Al frente de nuestro pueblo, al otro lado del río, había una platanera donde llevaban a los que iban a matar. Nosotros escuchábamos los gritos cuando les torturaban. Después, los despedazaban y los enterraban. Yo sólo tenía miedo cuando pasaban los helicópteros y sonaban las balas. Hasta ahora no he podido escuchar el sonido de un helicóptero sin sentir terror.

El día que salimos de nuestra casa, bajamos por el río, en una canoa sin motor. Salimos a las 4 de la mañana. Íbamos mis padres, 11 niños, y una vecina a la que le habían matado el esposo. Nos llevamos apenas algo de ropa, unas ollas y las gallinas que pudimos, aunque casi todas se ahogaron. Yo lloré mucho porque me tocó dejar a mi perrita.

Ahora hemos regresado, y vivimos en una zona homanitaria en nuestro territorio. Yo me siento muy orgulloso de mi padre, porque ha hecho mucho por el territorio y por la gente. Pero tengo miedo por él, y prefiero que no salga de la zona humanitaria, porque le podrían matar. En mi comunidad participo en el grupo de jóvenes. Trabajamos para los eventos comunes y hacemos cosas por la comunidad. Es importante que los jóvenes participemos, que nos impliquemos y que continuemos la lucha que empezaron nuestros padres.

A mí me gustaría tener mi propia tierra, volver a vivir en fincas, fuera de las zonas humanitarias. A la ciudad no quiero ir, no es mi lugar. Quisiera poder cultivar y formar mi propia familia”.

Las violaciones de derechos humanos contra las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó datan de 1997, año en el que la fuerza pública, en el marco de la Operación Génesis y Septiembre Negro, provocó el desplazamiento masivo de cerca de 4.000 personas y el vaciamiento de este territorio. Con la excusa de “limpiar” la región de guerrilleros, se produjo un éxodo forzado masivo de los campesinos, que  fue aprovechado por actores legales e ilegales (bananeros, ganaderos y palmicultores) para hacerse con las tierras, gracias a la presencia paramilitar en la región. De este modo, las tierras adjudicadas a poblaciones rurales afrodescendientes terminaron en manos de terratenientes, violando así la ley  70 de Colombia , que reconoce y protege el derecho de los afrocolombianos a la propiedad colectiva y a ocupar su territorio ancestral. InspirAction apoya a organizaciones como Justicia y Paz o Brigadas Internacionales de Paz en el acompañamiento a comunidades que reivindican el acceso a la verdad, la justicia y la reparación en zonas de conflicto armado y sin el uso de la violencia .

El personal de CREDHOS (Corporación Regional para la defensa de los Derechos humanos) llegó a casa a avisarnos: agentes del CTI habían llegado a la oficina con una orden de captura y habían detenido a David. Era el 14 de septiembre de 2010, pasado el mediodía. Desde que salió por la puerta de CREDHOS, en Barrancabermeja se extendió el rumor: “David ha sido detenido”, un gran número de personas se agolparon en las puertas de la fiscalía tratando de entender qué pasaba: por qué este defensor de derechos humanos, superviviente del genocidio de la Unión Patriótica, líder y referente del movimiento social del Magdalena Medio, estaba detenido. Muchos fueron a despedirle al aeropuerto Yarigüies, entre gritos y vítores que declaraban su inocencia.

David Ravelo, defensor de derechos humanos y líder de la organización CREDHOS, está acusado de ser autor intelectual del homicidio el 5 de abril de 1991 de David Nuñez Cala, ex concejal de obras públicas de la ciudad de Barrancabermeja. Le acusan de haberse reunido con miembros de las FARC y de haber decidido junto a ellos el asesinato del dirigente político. Pero los testimonios de los paramilitares desmovilizados que lo señalan y a los que él había denunciado anteriormente, están llenos de incongruencias, en un proceso que según las denuncias de diferentes organizaciones, resulta cuanto menos irregular.

Brigadas Internacionales de Paz (PBI), organización con la que  colabora InspirAction en Colombia, pudo entrar a visitarle en la cárcel de la Picota unos días después de que fuese detenido. David nos recibió con una gran sonrisa, la misma que nos regalaba cuando pasaba por la casa a charlar y tomar su tinto sin azúcar. Si no fuera por las rejas que estaban detrás de nosotros, si sólo fuera por su fortaleza y ánimo, parecería que nada había pasado. En medio del desconcierto y de la frustración, David volvió a darnos una lección de entereza: “soy inocente y aunque tenga que demostrarlo desde la cárcel lo voy hacer, porque la verdad nos hará libres”.

En diciembre se cerró la fase de investigación del caso a pesar de que según su abogado (Alirio Uribe, del colectivo de abogados CCAJAR que también apoya InspirAction) no se habían efectuado muchas de las pruebas y testimonios solicitados por la defensa, ni tampoco muchos de los que la propia fiscalía dijo que iba a realizar. Después de varias apelaciones y recursos, todos rechazados, se llegó a la audiencia preparatoria en la que se decidieron qué pruebas se admitían para el proceso.

Mientras, David seguía encarcelado primero en la cárcel de la Picota en Bogotá y posteriormente en la Modelo de Bucaramanga, donde tiene como vecinos a los paramilitares que le acusan y a otros políticos de la región encarcelados por las denuncias que él y CREDHOS hicieron contra ellos. Visita tras visita entre tintos, risas, preocupaciones, dudas y alegrías, David compartió con cada uno de los brigadistas de PBI su día a día, sus impresiones y sus esperanzas, a veces con más ánimo, otras con menos, pero siempre con la claridad de que iba a salir libre y sin cargos, como ya sucedió en 1995 después de pasar 27 meses en prisión.

Pero ¿qué hacer mientras? Si hay algo que caracteriza a David es su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos. Son más de 30 años los que David ha dedicado a esta labor y ni si quiera las rejas han podido impedir que siga luchando por y para ellos. Detrás de los barrotes hay muchas historias: políticos vinculados con paramilitares, con guerrilla, acusados de todo tipo de delitos, pero si algo tienen en común es que todos son seres humanos y tienen derechos. Desde el primer día, David se dedicó a escuchar sus historias, a recoger sus denuncias y así, poco a poco, se convirtió también en el líder del comité de derechos humanos de la cárcel de la Picota. Sin condicionarse por quién es quién, para él no hay enemigos ni amigos.

Casi un año después de su detención, el 25 de agosto, comenzó formalmente el proceso y empezaron a celebrarse las audiencias. David logró tener voz, o más bien, consiguió que su voz de nuevo fuera escuchada. Pero esta vez no sólo era para denunciar a quienes cometieron abusos y violaciones de derechos humanos en el Magdalena Medio, sino también para demostrar su inocencia, para demostrar que “el tallo de la verdad se dobla, pero jamás se quiebra”.

Ana Vicente Moreno

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Ana es voluntaria en Colombia de Brigadas Internacionales de Paz. Desde septiembre de 2009 realiza actividades de acompañamiento internacional a defensoras y defensores de derechos humanos amenazados, en su trabajo con comunidades y población víctima de violaciones de derechos humanos.

Hace unos días informábamos del regreso de más de 100 familias campesinas a las tierras de las que fueron desplazadas hace dos años en Las Pavas, Colombia. Durante este tiempo, InspirAction ha apoyado a la comunidad en el proceso de reclamar lo que es suyo, llamando la atención tanto a nivel nacional como internacional sobre un caso que es hoy ya emblemático. Y por supuesto, les apoyamos en el momento del retorno a su tierra.

Nuestra compañera Cathy Bouley, que les visitó la semana pasada, comenta que el retorno ha sido pacífico, aunque el conflicto por la tierra aún no ha terminado. Las compañías palmeras han empezado un proceso legal contra tres de los líderes de las familias que han retornado, por ocupar “ilegalmente” los terrenos que sin embargo, han sido suyos durante generaciones. Siguen negándoles la propiedad de la finca, y el ministerio de agricultura, por su parte, propone con simpleza que la comunidad “preste” sus tierras a las compañías palmeras, que a cambio les permitiría seguir viviendo en la zona. Una solución que soluciona muy poco: las técnicas de cultivo intensivo que precisa la palma africana acabarían rápidamente con las cosechas campesinas.

Ante esta situación, la comunidad de Las Pavas resiste. Pese a la presencia intimidatoria de grupos paramilitares y policiales en la zona, uno de sus líderes, Misael Payares, afirma: “Estamos muy felices de haber retornado, porque sin tierra no somos nada. Éste no es un problema sólo de tenencia de la tierra. Nosotros queremos recuperar además de nuestro territorio, nuestra cultura, y asegurar el respeto al medio ambiente. Por eso luchamos”.

Los campesinos, aunque demandan que se acelere el proceso legal para que los títulos de las tierras les sean devueltos, dicen estar preparados para resistir tanto como sea necesario, y han solicitado al gobierno protección ante las amenazas de grupos armados. Han empezado de nuevo a cultivar maíz y siguen trabajando de acuerdo a sus principios tradicionales basados en el respeto al medio ambiente, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible.

Necesitan casi de todo: agua, comida, semillas, materiales para las viviendas y la escuela… Las lluvias y las inundaciones amenazan sus incipientes cultivos. Cada día, persiste el temor a un desalojo violento. La vida no es fácil en Las Pavas…

Pero ellos están orgullosos de lo que han conseguido.

Volver a su tierra ha sido, es, un paso crucial en la búsqueda de justicia de una comunidad que durante años ha sido víctima de tantas violaciones de derechos humanos.

Vídeo de Contravía: Retorno de campesinos desplazados en Las Pavas (Bolívar)

Durante el primer semestre de 2010, 64 defensores de derechos humanos y 111 organizaciones sociales colombianas fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad, obstaculizando su legítima labor en defensa de los derechos humanos. Los datos del último informe presentado por la Campaña “Defensores de Colombia. Por el Derecho a defender los derechos humanos”, que ha apoyado desde su creación InspirAction, ofrece datos cuanto menos preocupantes. El aumento de casos de agresiones es de un 68% con respecto al semestre anterior. Y curiosamente, hubo un aumento significativo de los asesinatos justo antes de las elecciones. De media, hubo una agresión directa cada tres días.

Más allá de las siniestras cifras que maneja el informe, el mensaje queda claro: en Colombia, hablar de más, o simplemente hablar, si es de ciertos temas, puede matar.

Pero eso ya lo sabíamos.

La noticia, para mí, es la campaña. Ejercicios de resistencia como éste, con exigencias tan simples pero a la vez de tanto calado como el derecho a defender los derechos humanos, son más necesarios que nunca. 280 organizaciones han dado un paso hacia atrás (o hacia delante, según como se mire), para exigir no sólo el respeto a los derechos humanos, sino el respeto hacia las vidas de aquellos que defienden los derechos humanos. Defender TUS derechos, es defender SUS derechos, dicen.

Como indica Beatriz G. del Campo, Responsable de Programas de InspirAction en Colombia “Los derechos humanos son un tema fundamental en la construcción de la democracia, y es por ello que los defensores tienen un papel trascendental en la búsqueda de justicia, equidad, paz y democracia”.

La campaña nació reclamando cinco puntos: 1. Poner fin a los señalamientos sistemáticos 2. Poner fin a la impunidad de violaciones de derechos humanos. 3. Poner fin al mal uso de la inteligencia estatal. 4. Poner fin a las judicializaciones sin fundamento 5. Mejorar de manera estructural los programas de protección para personas en riesgo.

La situación, meses después, no ha mejorado. Siendo sinceros… Ha empeorado. Pero hace unos días, en un ejercicio de dignidad y resistencia, las mismas 280 las organizaciones que hace un año dijeron basta, han sacado a la luz su informe. Y de nuevo, han plantado cara a llamadas y cartas anónimas, a asaltos, a robos de información. Y sí, también a asesinatos.

Estas 280 organizaciones nos dicen, nos gritan, que en Colombia es posible un cambio.

El martes la república de Colombia estuvo de fiesta: ni más ni menos que 200 años de independencia. Desde el Caribe a los Andes, pasando por las impenetrables selvas del Darién y el desierto de la Guajira, los colombianos tenían algo que celebrar.

Sin embargo, son muchos los habitantes de este bello país que no cuentan las celebraciones por años ni por siglos, sino por días. Para muchos, un día más con vida es razón suficiente para festejar, en un contexto marcado por la violencia y las amenazas.

Por eso no dejan de sorprender y admirar gestos como el del sacerdote Javier Giraldo, jesuita, uno de los fundadores de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, organización local con la que colabora estrechamente InspirAction.

El padre Javier Giraldo lleva años denunciando la impunidad de los crímenes y asesinatos cometidos por el Ejército Nacional, los paramilitares y la guerrilla en Colombia. Como respuesta a su infatigable compromiso con los derechos humanos ha recibido numerosas amenazas de muerte, que se han recrudecido desde hace unos meses.

A pesar de ser consciente del riesgo que corre, Javier decidió hace tiempo renunciar a la protección oficial ofrecida por el Ministerio de Interior y de Justicia. Copio textualmente las razones que enumera, con una lógica y una coherencia aplastante, no exenta de ternura y compromiso con los más vulnerables.

1)      La única razón por la cual mi vida o seguridad pueden estar en riesgo, es la de denunciar violaciones graves de los derechos humanos fundamentales por parte de agentes directos o indirectos del Estado contra personas y comunidades en desprotección, dado que mi trabajo ha estado centrado en este tipo de acompañamiento desde hace varias décadas. No tendría lógica ser protegido por aquellas mismas instituciones que han perpetrado esas violaciones.
2)      Considero que aquellas personas por quienes trabajo, vulneradas en sus derechos humanos más elementales, corren muchísimos más riesgos que yo, y por ello no me sentiría tranquilo si se me protege a mí y no a ellos que son el motivo real de mis riesgos.
3)      No puedo, en conciencia, permitir o tolerar que se compre, se utilice o se justifique el uso de algún arma por mi causa, ni mucho menos que se arme a un ser humano por lo mismo. Estoy convencido de que la dinámica que lleva a armar a unos para defender a otros conduce a una espiral de violencia cada vez mayor, haciendo progresivamente más difícil soluciones civilizadas.
4)      Personalmente no puedo soportar que alguien, por defenderme, hiera o mate a otro ser humano. Si existe un riesgo de muerte, la muerte que me parecería más perturbadora para mi conciencia sería la del que sea eliminado por alguien que busque defenderme, así sea un agresor.
5)      He experimentado en otras personas que han aceptado esquemas de protección de órganos del Estado, que el uso de dichos esquemas aleja progresivamente a quienes más nos necesitan, que son las víctimas, en su mayoría traumatizados por el uso de armas contra ellos mismos o contra sus seres queridos.

Razones y causas que a ojos de muchos le harán parecer un loco, capaz de exponer su vida por cabezonería.

A los nuestros, le convierten en un ser humano excepcional, en una persona necesaria, con la bondad, el compromiso y la valentía que un día, creemos, marcarán la diferencia en Colombia.

Y harán cambiar las cosas.

Para saber más..

Aquí puedes leer la versión completa de la carta dirigida por el Padre Giraldo al ministerio.

Conoce la campaña Defensores de Colombia que apoya InspirAction.

Consulta nuestra web para saber más sobre nuestro trabajo en Colombia.

Paul Hackett © InspirAction

Colombia tiene un nuevo presidente: el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos asumirá el cargo el próximo 7 de agosto. Con el 69,5% de los votos frente al 27,5% que obtuvo su rival Antanas Mockus, Santos resultó elegido en base a un programa continuista con la actual política de gobierno de Uribe.

Los medios de comunicación, colombianos y extranjeros, se hicieron eco de lo que calificaron como “abrumadora victoria”, “amplio triunfo”, “éxito arrollador”, y términos similares. Es cierto que el número de votos conseguidos por Santos es uno de los más altos en la historia de Colombia, pero no lo es menos que analizar las cifras nos lleva a cuestionar hasta qué punto se puede hablar de apoyo popular masivo.

Si nos atenemos a los datos, esta victoria no parece tan “abrumadora”: casi 60 de cada cien electores se abstuvieron o prefirieron votar en blanco, lo que significa que aquellos que optaron por Juan Manuel Santos no llegan a nueve de los casi 30 millones de votantes convocados a las urnas el pasado domingo. Contrastar esta histórica abstención con los titulares de los grandes periódicos debería hacernos reflexionar sobre la manipulación mediática y la falta de análisis que soportamos estoicamente cada día.

Pero más allá de las cifras, lo que queda ahora es ver hasta qué punto algo cambiará en Colombia con el nuevo presidente. El hecho de que Santos fuera responsable de la cartera de Defensa durante el escándalo de los “falsos positivos” (2.279 ejecuciones extrajudiciales de civiles, presentados después como guerrilleros caídos en combate), hace dudar a muchos de que se ponga freno a la escalada de amenazas y ataques contra los defensores de los derechos humanos. Sólo en el mes de mayo fueron asesinados siete activistas, cuatro de ellos relacionados con desplazados y recuperación de tierras. Por su parte, la Confederación Sindical Internacional (CSI) destacó recientemente que 48 de los 101 sindicalistas asesinados en 2009 en todo el mundo eran colombianos. En Colombia, parece, hablar puede matar.

Colombia tiene un nuevo presidente. Comienza una ¿nueva? etapa. Y es hora de que el gobierno de este país tome medidas efectivas para garantizar la seguridad y la vida de activistas y defensores de derechos humanos. Es hora de que en Colombia alzar la voz deje de significar muerte y amenaza.

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El próximo domingo los colombianos tienen una cita con las urnas. Según los últimos sondeos, es más que posible que el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y el matemático y filósofo Antanas Mockus, los dos candidatos más respaldados por la opinión pública, se disputen la presidencia en una segunda vuelta.

La campaña electoral ha sido inusitadamente reñida para un país  como Colombia, acostumbrado desde hace años a elecciones en las que todos conocían de antemano el resultado.El colofón de este estado de incertidumbre fue la renuncia del jefe del Ejército colombiano, Freddy Padilla de León, a seis días de los comicios. De 62 años, Freddy Padilla lideró en 2008 dos grandes operativos militares que fueron portada en los principales periódicos de todo el mundo: el bombardeo al campamento de las FARC en Ecuador, que acabó con la vida del histórico comandante guerrillero Raul Reyes, y la denominada Operación Jaque, que condujo a la liberación de 15 rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt. Para la mayor parte de los colombianos, estas operaciones, no exentas de polémica, fueron un éxito más en la carrera no sólo de Freddy Padilla sino también del actual presidente, Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, fue también durante la comandancia ejercida por este oficial cuando surgió uno de los escándalos que más han impactado en la opinión pública colombiana: los llamados “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de barrios marginales, a los que después se hacía pasar por guerrilleros. Para muchos, se trata del resultado de un perverso sistema de incentivos que premiaba a unas tropas desmoralizadas y mal pagadas en función del número de guerrilleros muertos que presentasen.

Es complicado aventurar qué pasará el domingo en Colombia. Lo que sí podemos hacer es echar la vista atrás y recordar algunos datos: según Unicef, cada año mueren  más de 20 mil niños colombianos menores de 5 años por desnutrición aguda. De cada 100 mujeres embarazadas desplazadas por la violencia, 80 padecen desnutrición crónica.  El 68% de la población de Colombia vive en la pobreza (20 millones de pobres y 8 millones de indigentes). Sin embargo, la concentración de la riqueza es escandalosa: Colombia es el 11º país con más desigualdad social del mundo según el coeficiente GINI de desigualdad, y el más desigual del continente americano.

Pero no sólo escandaliza la pobreza: los millones de desplazados que se hacinan en las afueras de las ciudades, el escándalo de los falsos positivos, las escuchas ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), los vínculos política-paramilitarismo, y las constantes amenazas a todos aquellos que trabajan en organizaciones que defienden los derechos humanos, hacen pensar que algo va mal, muy mal, en Colombia. Falta por ver si alguno de los candidatos presidenciales cuenta con capacidad y sobre todo con voluntad para responder a las cuestiones sociales más urgentes del país.

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Crédito de la imagen: InspirAction/Hannah Morley