Colombia sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para  defender los derechos humanos. Y si además eres mujer, los riesgos específicos aumentan. InspirAction y las organizaciones con las que trabaja en Colombia piden una y otra vez que se dé más protección, y más apropiada, a estas mujeres.

Las organizaciones ABColombia, USOC y OIDHACO, con las que trabaja InspirAction, han dado a conocer un informe que documenta las amenazas, la persecución y el hostigamiento que enfrentan las mujeres defensoras de los derechos humanos en Colombia. En él, constatamos que las defensoras de derechos humanos en Colombia tienen una gran diversidad en sus orígenes: son mujeres indígenas y afrocolombianas, mujeres que viven en zonas remotas, sindicalistas, mujeres desplazadas, abogadas, lesbianas, periodistas,  madres, hijas y hermanas de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, supervivientes de violencia sexual… La lista es larga.

Las mujeres desempeñan un papel clave en ayudar a construir la paz y la democracia. Sin embargo, son también muy vulnerables a los ataques, no sólo físicos, de aquellos que las ven como una amenaza. Las defensoras de los derechos humanos se enfrentan además a un mayor riesgo de ataque y acoso sexual, así como a la difusión de ideas ofensivas acerca de su sexualidad,  utilizadas para desacreditar su reputación y su trabajo.

Las amenazas, las agresiones y los homicidios también se dirigen a sus hijos, en un intento de generar el terror que les haga desistir de su lucha. “… [Dile a tu madre que] si ve que otro de sus hijos recibe una paliza ya sabe la razón. Debe dejar de ser un soplona, los defensores de los derechos humanos son guerrilleros”.Estas y otras lindezas es lo pudo escuchar la hija de una defensora de los derechos humanos mientras la golpeaban dos hombres en Bogotá en noviembre de 2010.

Y digo yo… Pues que ya es hora de que todos, mujeres y hombres, podamos defender nuestras ideas con libertad. El respeto a los derechos humanos no es negociable, ni lo será nunca. Estos ataques deben terminar.

Podéis lees un resumen del informe de ABColombia, USOC y OIDHACO aquí.

La imagen es de Jorge Mata Surimages, IPA.

“Cuando nos tocó desplazarnos, yo tenía 4 años. Un día mi papá llegó y nos dijo que nos teníamos que ir de la casa. A mí no me extrañó tanto porque ya muchas familias se habían ido, y yo veía que a cada rato venían hombres armados y nos preguntaban cosas. Mi papá siempre nos decía que no contestáramos, que dijéramos que no sabíamos nada.

Yo sabía que había una guerra, porque escuchábamos tiros. Cuando sonaban, yo me metía bajo la cama. Veíamos bajar los muertos por el río, con los goleros (buitres) posados en la barriga, comiéndoles poco a poco. Veíamos tantos muertos que casi nos acostumbramos. Mi mamá siempre vigilaba que no nos alejáramos, porque estaba muy asustada.

Al frente de nuestro pueblo, al otro lado del río, había una platanera donde llevaban a los que iban a matar. Nosotros escuchábamos los gritos cuando les torturaban. Después, los despedazaban y los enterraban. Yo sólo tenía miedo cuando pasaban los helicópteros y sonaban las balas. Hasta ahora no he podido escuchar el sonido de un helicóptero sin sentir terror.

El día que salimos de nuestra casa, bajamos por el río, en una canoa sin motor. Salimos a las 4 de la mañana. Íbamos mis padres, 11 niños, y una vecina a la que le habían matado el esposo. Nos llevamos apenas algo de ropa, unas ollas y las gallinas que pudimos, aunque casi todas se ahogaron. Yo lloré mucho porque me tocó dejar a mi perrita.

Ahora hemos regresado, y vivimos en una zona homanitaria en nuestro territorio. Yo me siento muy orgulloso de mi padre, porque ha hecho mucho por el territorio y por la gente. Pero tengo miedo por él, y prefiero que no salga de la zona humanitaria, porque le podrían matar. En mi comunidad participo en el grupo de jóvenes. Trabajamos para los eventos comunes y hacemos cosas por la comunidad. Es importante que los jóvenes participemos, que nos impliquemos y que continuemos la lucha que empezaron nuestros padres.

A mí me gustaría tener mi propia tierra, volver a vivir en fincas, fuera de las zonas humanitarias. A la ciudad no quiero ir, no es mi lugar. Quisiera poder cultivar y formar mi propia familia”.

Las violaciones de derechos humanos contra las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó datan de 1997, año en el que la fuerza pública, en el marco de la Operación Génesis y Septiembre Negro, provocó el desplazamiento masivo de cerca de 4.000 personas y el vaciamiento de este territorio. Con la excusa de “limpiar” la región de guerrilleros, se produjo un éxodo forzado masivo de los campesinos, que  fue aprovechado por actores legales e ilegales (bananeros, ganaderos y palmicultores) para hacerse con las tierras, gracias a la presencia paramilitar en la región. De este modo, las tierras adjudicadas a poblaciones rurales afrodescendientes terminaron en manos de terratenientes, violando así la ley  70 de Colombia , que reconoce y protege el derecho de los afrocolombianos a la propiedad colectiva y a ocupar su territorio ancestral. InspirAction apoya a organizaciones como Justicia y Paz o Brigadas Internacionales de Paz en el acompañamiento a comunidades que reivindican el acceso a la verdad, la justicia y la reparación en zonas de conflicto armado y sin el uso de la violencia .

Durante el primer semestre de 2010, 64 defensores de derechos humanos y 111 organizaciones sociales colombianas fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad, obstaculizando su legítima labor en defensa de los derechos humanos. Los datos del último informe presentado por la Campaña “Defensores de Colombia. Por el Derecho a defender los derechos humanos”, que ha apoyado desde su creación InspirAction, ofrece datos cuanto menos preocupantes. El aumento de casos de agresiones es de un 68% con respecto al semestre anterior. Y curiosamente, hubo un aumento significativo de los asesinatos justo antes de las elecciones. De media, hubo una agresión directa cada tres días.

Más allá de las siniestras cifras que maneja el informe, el mensaje queda claro: en Colombia, hablar de más, o simplemente hablar, si es de ciertos temas, puede matar.

Pero eso ya lo sabíamos.

La noticia, para mí, es la campaña. Ejercicios de resistencia como éste, con exigencias tan simples pero a la vez de tanto calado como el derecho a defender los derechos humanos, son más necesarios que nunca. 280 organizaciones han dado un paso hacia atrás (o hacia delante, según como se mire), para exigir no sólo el respeto a los derechos humanos, sino el respeto hacia las vidas de aquellos que defienden los derechos humanos. Defender TUS derechos, es defender SUS derechos, dicen.

Como indica Beatriz G. del Campo, Responsable de Programas de InspirAction en Colombia “Los derechos humanos son un tema fundamental en la construcción de la democracia, y es por ello que los defensores tienen un papel trascendental en la búsqueda de justicia, equidad, paz y democracia”.

La campaña nació reclamando cinco puntos: 1. Poner fin a los señalamientos sistemáticos 2. Poner fin a la impunidad de violaciones de derechos humanos. 3. Poner fin al mal uso de la inteligencia estatal. 4. Poner fin a las judicializaciones sin fundamento 5. Mejorar de manera estructural los programas de protección para personas en riesgo.

La situación, meses después, no ha mejorado. Siendo sinceros… Ha empeorado. Pero hace unos días, en un ejercicio de dignidad y resistencia, las mismas 280 las organizaciones que hace un año dijeron basta, han sacado a la luz su informe. Y de nuevo, han plantado cara a llamadas y cartas anónimas, a asaltos, a robos de información. Y sí, también a asesinatos.

Estas 280 organizaciones nos dicen, nos gritan, que en Colombia es posible un cambio.

El martes la república de Colombia estuvo de fiesta: ni más ni menos que 200 años de independencia. Desde el Caribe a los Andes, pasando por las impenetrables selvas del Darién y el desierto de la Guajira, los colombianos tenían algo que celebrar.

Sin embargo, son muchos los habitantes de este bello país que no cuentan las celebraciones por años ni por siglos, sino por días. Para muchos, un día más con vida es razón suficiente para festejar, en un contexto marcado por la violencia y las amenazas.

Por eso no dejan de sorprender y admirar gestos como el del sacerdote Javier Giraldo, jesuita, uno de los fundadores de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, organización local con la que colabora estrechamente InspirAction.

El padre Javier Giraldo lleva años denunciando la impunidad de los crímenes y asesinatos cometidos por el Ejército Nacional, los paramilitares y la guerrilla en Colombia. Como respuesta a su infatigable compromiso con los derechos humanos ha recibido numerosas amenazas de muerte, que se han recrudecido desde hace unos meses.

A pesar de ser consciente del riesgo que corre, Javier decidió hace tiempo renunciar a la protección oficial ofrecida por el Ministerio de Interior y de Justicia. Copio textualmente las razones que enumera, con una lógica y una coherencia aplastante, no exenta de ternura y compromiso con los más vulnerables.

1)      La única razón por la cual mi vida o seguridad pueden estar en riesgo, es la de denunciar violaciones graves de los derechos humanos fundamentales por parte de agentes directos o indirectos del Estado contra personas y comunidades en desprotección, dado que mi trabajo ha estado centrado en este tipo de acompañamiento desde hace varias décadas. No tendría lógica ser protegido por aquellas mismas instituciones que han perpetrado esas violaciones.
2)      Considero que aquellas personas por quienes trabajo, vulneradas en sus derechos humanos más elementales, corren muchísimos más riesgos que yo, y por ello no me sentiría tranquilo si se me protege a mí y no a ellos que son el motivo real de mis riesgos.
3)      No puedo, en conciencia, permitir o tolerar que se compre, se utilice o se justifique el uso de algún arma por mi causa, ni mucho menos que se arme a un ser humano por lo mismo. Estoy convencido de que la dinámica que lleva a armar a unos para defender a otros conduce a una espiral de violencia cada vez mayor, haciendo progresivamente más difícil soluciones civilizadas.
4)      Personalmente no puedo soportar que alguien, por defenderme, hiera o mate a otro ser humano. Si existe un riesgo de muerte, la muerte que me parecería más perturbadora para mi conciencia sería la del que sea eliminado por alguien que busque defenderme, así sea un agresor.
5)      He experimentado en otras personas que han aceptado esquemas de protección de órganos del Estado, que el uso de dichos esquemas aleja progresivamente a quienes más nos necesitan, que son las víctimas, en su mayoría traumatizados por el uso de armas contra ellos mismos o contra sus seres queridos.

Razones y causas que a ojos de muchos le harán parecer un loco, capaz de exponer su vida por cabezonería.

A los nuestros, le convierten en un ser humano excepcional, en una persona necesaria, con la bondad, el compromiso y la valentía que un día, creemos, marcarán la diferencia en Colombia.

Y harán cambiar las cosas.

Para saber más..

Aquí puedes leer la versión completa de la carta dirigida por el Padre Giraldo al ministerio.

Conoce la campaña Defensores de Colombia que apoya InspirAction.

Consulta nuestra web para saber más sobre nuestro trabajo en Colombia.

Paul Hackett © InspirAction

Colombia tiene un nuevo presidente: el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos asumirá el cargo el próximo 7 de agosto. Con el 69,5% de los votos frente al 27,5% que obtuvo su rival Antanas Mockus, Santos resultó elegido en base a un programa continuista con la actual política de gobierno de Uribe.

Los medios de comunicación, colombianos y extranjeros, se hicieron eco de lo que calificaron como “abrumadora victoria”, “amplio triunfo”, “éxito arrollador”, y términos similares. Es cierto que el número de votos conseguidos por Santos es uno de los más altos en la historia de Colombia, pero no lo es menos que analizar las cifras nos lleva a cuestionar hasta qué punto se puede hablar de apoyo popular masivo.

Si nos atenemos a los datos, esta victoria no parece tan “abrumadora”: casi 60 de cada cien electores se abstuvieron o prefirieron votar en blanco, lo que significa que aquellos que optaron por Juan Manuel Santos no llegan a nueve de los casi 30 millones de votantes convocados a las urnas el pasado domingo. Contrastar esta histórica abstención con los titulares de los grandes periódicos debería hacernos reflexionar sobre la manipulación mediática y la falta de análisis que soportamos estoicamente cada día.

Pero más allá de las cifras, lo que queda ahora es ver hasta qué punto algo cambiará en Colombia con el nuevo presidente. El hecho de que Santos fuera responsable de la cartera de Defensa durante el escándalo de los “falsos positivos” (2.279 ejecuciones extrajudiciales de civiles, presentados después como guerrilleros caídos en combate), hace dudar a muchos de que se ponga freno a la escalada de amenazas y ataques contra los defensores de los derechos humanos. Sólo en el mes de mayo fueron asesinados siete activistas, cuatro de ellos relacionados con desplazados y recuperación de tierras. Por su parte, la Confederación Sindical Internacional (CSI) destacó recientemente que 48 de los 101 sindicalistas asesinados en 2009 en todo el mundo eran colombianos. En Colombia, parece, hablar puede matar.

Colombia tiene un nuevo presidente. Comienza una ¿nueva? etapa. Y es hora de que el gobierno de este país tome medidas efectivas para garantizar la seguridad y la vida de activistas y defensores de derechos humanos. Es hora de que en Colombia alzar la voz deje de significar muerte y amenaza.

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¿Estamos en crisis? Hablemos de crisis.

2009 fue el peor año del último medio siglo para la economía española. Despidos, paro, rescate de bancos… Pero no todos iban mal. Mientras miles de empresas quebraban y millones de personas quedaban sin trabajo, las exportaciones de material de defensa se incrementaron en más de un 44% con respecto al año anterior. El resto de las exportaciones de mercancías españolas, sin embargo, cayeron un 16%.

Así, uno de cada diez euros procedentes de ventas españolas en el exterior corresponde a material militar. Una industria en auge, parece. Un triste record, creemos.

Lo más grave, sin embargo, no es que se contabilicen como un éxito los 1.346 millones de euros reportados por esta industria. Lo peor, es la falta de discusión sobre el 35,2% de las ventas dirigidas a “destinos de especial sensibilidad”, un eufemismo cuanto menos curioso para referirse a países como Israel, Marruecos, Colombia, Venezuela, Tailandia, Pakistán, India, y varios países del África subsahariana, entre otros. Digamos que hay quien vendería su alma al diablo por unos cuantos (muchos, es cierto) euros: no todos podrían dormir a pierna suelta, si los escrúpulos contaran para algo a la hora de hacer negocio.

La ley española desautoriza de forma expresa las exportaciones a países o zonas en conflicto, a países o zonas donde se violen los derechos humanos o a clientes que no ofrezcan garantías. Y sin embargo, los datos no ofrecen lugar a dudas, y en un contexto de crisis, hasta se celebran. Las cosas van mal, sí, y los presupuestos destinados a cooperación para el desarrollo sufren recortes generalizados. Pero nuestra industria armamentística exporta más que nunca. Eso sí, con las armas, exporta dolor. Con el dinero, importa sangre.

Todos nos echamos las manos a la cabeza hace unos días, cuando Israel atacó la flotilla con destino a Gaza. A muchos nos horroriza la situación que se vive en el Sáhara. Alguno que otro nos cuestinonamos los tan cacareados éxitos militares del gobierno de Uribe.

Y muchos, quiero creer, nos avergonzamos de que un posible punto en común entre todos ellos sean las armas con denominación de origen española.

Imagen:  Adrian Arbib © InspirAction

El próximo domingo los colombianos tienen una cita con las urnas. Según los últimos sondeos, es más que posible que el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y el matemático y filósofo Antanas Mockus, los dos candidatos más respaldados por la opinión pública, se disputen la presidencia en una segunda vuelta.

La campaña electoral ha sido inusitadamente reñida para un país  como Colombia, acostumbrado desde hace años a elecciones en las que todos conocían de antemano el resultado.El colofón de este estado de incertidumbre fue la renuncia del jefe del Ejército colombiano, Freddy Padilla de León, a seis días de los comicios. De 62 años, Freddy Padilla lideró en 2008 dos grandes operativos militares que fueron portada en los principales periódicos de todo el mundo: el bombardeo al campamento de las FARC en Ecuador, que acabó con la vida del histórico comandante guerrillero Raul Reyes, y la denominada Operación Jaque, que condujo a la liberación de 15 rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt. Para la mayor parte de los colombianos, estas operaciones, no exentas de polémica, fueron un éxito más en la carrera no sólo de Freddy Padilla sino también del actual presidente, Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, fue también durante la comandancia ejercida por este oficial cuando surgió uno de los escándalos que más han impactado en la opinión pública colombiana: los llamados “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de barrios marginales, a los que después se hacía pasar por guerrilleros. Para muchos, se trata del resultado de un perverso sistema de incentivos que premiaba a unas tropas desmoralizadas y mal pagadas en función del número de guerrilleros muertos que presentasen.

Es complicado aventurar qué pasará el domingo en Colombia. Lo que sí podemos hacer es echar la vista atrás y recordar algunos datos: según Unicef, cada año mueren  más de 20 mil niños colombianos menores de 5 años por desnutrición aguda. De cada 100 mujeres embarazadas desplazadas por la violencia, 80 padecen desnutrición crónica.  El 68% de la población de Colombia vive en la pobreza (20 millones de pobres y 8 millones de indigentes). Sin embargo, la concentración de la riqueza es escandalosa: Colombia es el 11º país con más desigualdad social del mundo según el coeficiente GINI de desigualdad, y el más desigual del continente americano.

Pero no sólo escandaliza la pobreza: los millones de desplazados que se hacinan en las afueras de las ciudades, el escándalo de los falsos positivos, las escuchas ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), los vínculos política-paramilitarismo, y las constantes amenazas a todos aquellos que trabajan en organizaciones que defienden los derechos humanos, hacen pensar que algo va mal, muy mal, en Colombia. Falta por ver si alguno de los candidatos presidenciales cuenta con capacidad y sobre todo con voluntad para responder a las cuestiones sociales más urgentes del país.

¿Qué puedes hacer tú?

¡Infórmate! Por ejemplo en la web de la campaña en defensa de los derechos humanos que nspirAction apoya en Colombia

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Crédito de la imagen: InspirAction/Hannah Morley

Entre 1996 y 1997 una ola de violencia cayó sobre El Chocó, una región selvática en las costas del Pacifico colombiano: asesinatos de líderes comunitarios, activistas ambientales y defensores de los derechos humanos, masacres de campesinos, operaciones especiales del ejército y proliferación de grupos paramilitares.

Las operaciones militares se justificaban en sospechas de colaboración con la guerrilla; los ataques de los paramilitares no se molestaban en dar explicaciones: aparecían de noche, atacaban a la comunidad y los echaban de sus casas, matando a cualquiera que intentara resistirse. Casi 20,000 personas tuvieron que abandonar sus pueblos y unirse al creciente éxodo de los desplazados en Colombia.