Ya llegó la primavera, dicen. Pero a mí hoy el día me parece más gris que nunca. Recién llegada a la oficina, me desayuno con una noticia que hace pequeño todo lo demás. Crisis, recortes, huelgas, estrés, quedan atrás.

Anoche encontraron en la desembocadura del río Pavarandó el cuerpo sin vida de Manuel Ruiz, un líder reclamante de tierras en Curvaradó, Colombia. Su rostro ha quedado tan desfigurado que es irreconocible, pero por sus ropas y su constitución, parece claro que es él. De su hijo de 15 años, Samir Ruiz, a quien también desaparecieron con él, no hay rastro.

El viernes pasado Samir y su padre fueron detenidos por varios paramilitares, y obligados a bajarse del vehículo en el que viajaban hacia Curvaradó. Desde entonces, no se volvió a saber de ellos. Apenas una llamada anónima a la familia diciendo que ya les habían asesinado. Ninguna autoridad civil se movilizó con prontitud a la región para acceder a los lugares donde presumiblemente los paramilitares tenían en su poder o arrojaron los restos de Manuel y su hijo Samir. La búsqueda ha recaído en las propias comunidades de la zona, junto a acompañantes nacionales e internacionales.

Manuel había demandado una y otra vez al gobierno medidas de protección ante las amenazas de las que era objeto. ¿La respuesta del Estado? Un teléfono móvil de bajo coste y con pocos minutos, como único elemento preventivo. Sabiendo que Manuel era un reclamante y líder del proceso de restitución de tierras, que se enfrentaba a poderosos empresarios y a sus grupos armados, el gobierno consideró que con un teléfono quedaba garantizada su seguridad.

Hoy, dentro de unas horas, comenzará el operativo para acceder al lugar y proceder al levantamiento del cadáver. Mientras tanto, la familia de Manuel y de Samir ha tenido que desplazarse. Siete niños y doce adultos. Tuvieron que dejar su hogar, temiendo por sus vidas, sin que el gobierno les haya brindado ningún tipo de atención humanitaria.

Para organizaciones como InspirAction, que acompañamos este proceso de lucha por la restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó, hoy es un día gris, sí. Gris, doloroso, marcado por la indignación. ¿A qué espera el Estado colombiano? ¿Cuándo va a actuar? ¿Cuántas personas más tienen que morir?

Colombia sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para  defender los derechos humanos. Y si además eres mujer, los riesgos específicos aumentan. InspirAction y las organizaciones con las que trabaja en Colombia piden una y otra vez que se dé más protección, y más apropiada, a estas mujeres.

Las organizaciones ABColombia, USOC y OIDHACO, con las que trabaja InspirAction, han dado a conocer un informe que documenta las amenazas, la persecución y el hostigamiento que enfrentan las mujeres defensoras de los derechos humanos en Colombia. En él, constatamos que las defensoras de derechos humanos en Colombia tienen una gran diversidad en sus orígenes: son mujeres indígenas y afrocolombianas, mujeres que viven en zonas remotas, sindicalistas, mujeres desplazadas, abogadas, lesbianas, periodistas,  madres, hijas y hermanas de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, supervivientes de violencia sexual… La lista es larga.

Las mujeres desempeñan un papel clave en ayudar a construir la paz y la democracia. Sin embargo, son también muy vulnerables a los ataques, no sólo físicos, de aquellos que las ven como una amenaza. Las defensoras de los derechos humanos se enfrentan además a un mayor riesgo de ataque y acoso sexual, así como a la difusión de ideas ofensivas acerca de su sexualidad,  utilizadas para desacreditar su reputación y su trabajo.

Las amenazas, las agresiones y los homicidios también se dirigen a sus hijos, en un intento de generar el terror que les haga desistir de su lucha. “… [Dile a tu madre que] si ve que otro de sus hijos recibe una paliza ya sabe la razón. Debe dejar de ser un soplona, los defensores de los derechos humanos son guerrilleros”.Estas y otras lindezas es lo pudo escuchar la hija de una defensora de los derechos humanos mientras la golpeaban dos hombres en Bogotá en noviembre de 2010.

Y digo yo… Pues que ya es hora de que todos, mujeres y hombres, podamos defender nuestras ideas con libertad. El respeto a los derechos humanos no es negociable, ni lo será nunca. Estos ataques deben terminar.

Podéis lees un resumen del informe de ABColombia, USOC y OIDHACO aquí.

La imagen es de Jorge Mata Surimages, IPA.

“Cuando nos tocó desplazarnos, yo tenía 4 años. Un día mi papá llegó y nos dijo que nos teníamos que ir de la casa. A mí no me extrañó tanto porque ya muchas familias se habían ido, y yo veía que a cada rato venían hombres armados y nos preguntaban cosas. Mi papá siempre nos decía que no contestáramos, que dijéramos que no sabíamos nada.

Yo sabía que había una guerra, porque escuchábamos tiros. Cuando sonaban, yo me metía bajo la cama. Veíamos bajar los muertos por el río, con los goleros (buitres) posados en la barriga, comiéndoles poco a poco. Veíamos tantos muertos que casi nos acostumbramos. Mi mamá siempre vigilaba que no nos alejáramos, porque estaba muy asustada.

Al frente de nuestro pueblo, al otro lado del río, había una platanera donde llevaban a los que iban a matar. Nosotros escuchábamos los gritos cuando les torturaban. Después, los despedazaban y los enterraban. Yo sólo tenía miedo cuando pasaban los helicópteros y sonaban las balas. Hasta ahora no he podido escuchar el sonido de un helicóptero sin sentir terror.

El día que salimos de nuestra casa, bajamos por el río, en una canoa sin motor. Salimos a las 4 de la mañana. Íbamos mis padres, 11 niños, y una vecina a la que le habían matado el esposo. Nos llevamos apenas algo de ropa, unas ollas y las gallinas que pudimos, aunque casi todas se ahogaron. Yo lloré mucho porque me tocó dejar a mi perrita.

Ahora hemos regresado, y vivimos en una zona homanitaria en nuestro territorio. Yo me siento muy orgulloso de mi padre, porque ha hecho mucho por el territorio y por la gente. Pero tengo miedo por él, y prefiero que no salga de la zona humanitaria, porque le podrían matar. En mi comunidad participo en el grupo de jóvenes. Trabajamos para los eventos comunes y hacemos cosas por la comunidad. Es importante que los jóvenes participemos, que nos impliquemos y que continuemos la lucha que empezaron nuestros padres.

A mí me gustaría tener mi propia tierra, volver a vivir en fincas, fuera de las zonas humanitarias. A la ciudad no quiero ir, no es mi lugar. Quisiera poder cultivar y formar mi propia familia”.

Las violaciones de derechos humanos contra las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó datan de 1997, año en el que la fuerza pública, en el marco de la Operación Génesis y Septiembre Negro, provocó el desplazamiento masivo de cerca de 4.000 personas y el vaciamiento de este territorio. Con la excusa de “limpiar” la región de guerrilleros, se produjo un éxodo forzado masivo de los campesinos, que  fue aprovechado por actores legales e ilegales (bananeros, ganaderos y palmicultores) para hacerse con las tierras, gracias a la presencia paramilitar en la región. De este modo, las tierras adjudicadas a poblaciones rurales afrodescendientes terminaron en manos de terratenientes, violando así la ley  70 de Colombia , que reconoce y protege el derecho de los afrocolombianos a la propiedad colectiva y a ocupar su territorio ancestral. InspirAction apoya a organizaciones como Justicia y Paz o Brigadas Internacionales de Paz en el acompañamiento a comunidades que reivindican el acceso a la verdad, la justicia y la reparación en zonas de conflicto armado y sin el uso de la violencia .

El personal de CREDHOS (Corporación Regional para la defensa de los Derechos humanos) llegó a casa a avisarnos: agentes del CTI habían llegado a la oficina con una orden de captura y habían detenido a David. Era el 14 de septiembre de 2010, pasado el mediodía. Desde que salió por la puerta de CREDHOS, en Barrancabermeja se extendió el rumor: “David ha sido detenido”, un gran número de personas se agolparon en las puertas de la fiscalía tratando de entender qué pasaba: por qué este defensor de derechos humanos, superviviente del genocidio de la Unión Patriótica, líder y referente del movimiento social del Magdalena Medio, estaba detenido. Muchos fueron a despedirle al aeropuerto Yarigüies, entre gritos y vítores que declaraban su inocencia.

David Ravelo, defensor de derechos humanos y líder de la organización CREDHOS, está acusado de ser autor intelectual del homicidio el 5 de abril de 1991 de David Nuñez Cala, ex concejal de obras públicas de la ciudad de Barrancabermeja. Le acusan de haberse reunido con miembros de las FARC y de haber decidido junto a ellos el asesinato del dirigente político. Pero los testimonios de los paramilitares desmovilizados que lo señalan y a los que él había denunciado anteriormente, están llenos de incongruencias, en un proceso que según las denuncias de diferentes organizaciones, resulta cuanto menos irregular.

Brigadas Internacionales de Paz (PBI), organización con la que  colabora InspirAction en Colombia, pudo entrar a visitarle en la cárcel de la Picota unos días después de que fuese detenido. David nos recibió con una gran sonrisa, la misma que nos regalaba cuando pasaba por la casa a charlar y tomar su tinto sin azúcar. Si no fuera por las rejas que estaban detrás de nosotros, si sólo fuera por su fortaleza y ánimo, parecería que nada había pasado. En medio del desconcierto y de la frustración, David volvió a darnos una lección de entereza: “soy inocente y aunque tenga que demostrarlo desde la cárcel lo voy hacer, porque la verdad nos hará libres”.

En diciembre se cerró la fase de investigación del caso a pesar de que según su abogado (Alirio Uribe, del colectivo de abogados CCAJAR que también apoya InspirAction) no se habían efectuado muchas de las pruebas y testimonios solicitados por la defensa, ni tampoco muchos de los que la propia fiscalía dijo que iba a realizar. Después de varias apelaciones y recursos, todos rechazados, se llegó a la audiencia preparatoria en la que se decidieron qué pruebas se admitían para el proceso.

Mientras, David seguía encarcelado primero en la cárcel de la Picota en Bogotá y posteriormente en la Modelo de Bucaramanga, donde tiene como vecinos a los paramilitares que le acusan y a otros políticos de la región encarcelados por las denuncias que él y CREDHOS hicieron contra ellos. Visita tras visita entre tintos, risas, preocupaciones, dudas y alegrías, David compartió con cada uno de los brigadistas de PBI su día a día, sus impresiones y sus esperanzas, a veces con más ánimo, otras con menos, pero siempre con la claridad de que iba a salir libre y sin cargos, como ya sucedió en 1995 después de pasar 27 meses en prisión.

Pero ¿qué hacer mientras? Si hay algo que caracteriza a David es su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos. Son más de 30 años los que David ha dedicado a esta labor y ni si quiera las rejas han podido impedir que siga luchando por y para ellos. Detrás de los barrotes hay muchas historias: políticos vinculados con paramilitares, con guerrilla, acusados de todo tipo de delitos, pero si algo tienen en común es que todos son seres humanos y tienen derechos. Desde el primer día, David se dedicó a escuchar sus historias, a recoger sus denuncias y así, poco a poco, se convirtió también en el líder del comité de derechos humanos de la cárcel de la Picota. Sin condicionarse por quién es quién, para él no hay enemigos ni amigos.

Casi un año después de su detención, el 25 de agosto, comenzó formalmente el proceso y empezaron a celebrarse las audiencias. David logró tener voz, o más bien, consiguió que su voz de nuevo fuera escuchada. Pero esta vez no sólo era para denunciar a quienes cometieron abusos y violaciones de derechos humanos en el Magdalena Medio, sino también para demostrar su inocencia, para demostrar que “el tallo de la verdad se dobla, pero jamás se quiebra”.

Ana Vicente Moreno

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Ana es voluntaria en Colombia de Brigadas Internacionales de Paz. Desde septiembre de 2009 realiza actividades de acompañamiento internacional a defensoras y defensores de derechos humanos amenazados, en su trabajo con comunidades y población víctima de violaciones de derechos humanos.

Iria y su comunidad habían vivido toda su vida en Santa Rosa de Guyacán, a la orilla del río Calima, muy cerca del Océano Pacífico colombiano. Pero hace un año tuvieron que dejar el resguardo indígena que hasta entonces había sido su hogar, huyendo de la violencia. Ahora, viven hacinados en un pequeño espacio donde deben dormir y cocinar, lejos de su casa y sin posibilidad de cultivar y seguir adelante con su forma de vida tradicional. Ésta es su historia.

Ver el vídeo: Mujeres indígenas desplazadas de su territorio

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y Brigadas Internacionales de Paz, ambas contrapartes de InspirAction en el país, apoyan a ésta y a otras comunidades en su búsqueda de justicia. Según cifras oficiales entre 2005 y 2010 tuvieron que desplazarse en Colombia más de 52.000 personas pertenecientes a pueblos indígenas. La Corte Constitucional de Colombia ha constatado que las mujeres indígenas enfrentan una triple discriminación: por ser mujeres, por ser desplazadas y por pertenecer a un grupo étnico.

Hace unos días informábamos del regreso de más de 100 familias campesinas a las tierras de las que fueron desplazadas hace dos años en Las Pavas, Colombia. Durante este tiempo, InspirAction ha apoyado a la comunidad en el proceso de reclamar lo que es suyo, llamando la atención tanto a nivel nacional como internacional sobre un caso que es hoy ya emblemático. Y por supuesto, les apoyamos en el momento del retorno a su tierra.

Nuestra compañera Cathy Bouley, que les visitó la semana pasada, comenta que el retorno ha sido pacífico, aunque el conflicto por la tierra aún no ha terminado. Las compañías palmeras han empezado un proceso legal contra tres de los líderes de las familias que han retornado, por ocupar “ilegalmente” los terrenos que sin embargo, han sido suyos durante generaciones. Siguen negándoles la propiedad de la finca, y el ministerio de agricultura, por su parte, propone con simpleza que la comunidad “preste” sus tierras a las compañías palmeras, que a cambio les permitiría seguir viviendo en la zona. Una solución que soluciona muy poco: las técnicas de cultivo intensivo que precisa la palma africana acabarían rápidamente con las cosechas campesinas.

Ante esta situación, la comunidad de Las Pavas resiste. Pese a la presencia intimidatoria de grupos paramilitares y policiales en la zona, uno de sus líderes, Misael Payares, afirma: “Estamos muy felices de haber retornado, porque sin tierra no somos nada. Éste no es un problema sólo de tenencia de la tierra. Nosotros queremos recuperar además de nuestro territorio, nuestra cultura, y asegurar el respeto al medio ambiente. Por eso luchamos”.

Los campesinos, aunque demandan que se acelere el proceso legal para que los títulos de las tierras les sean devueltos, dicen estar preparados para resistir tanto como sea necesario, y han solicitado al gobierno protección ante las amenazas de grupos armados. Han empezado de nuevo a cultivar maíz y siguen trabajando de acuerdo a sus principios tradicionales basados en el respeto al medio ambiente, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible.

Necesitan casi de todo: agua, comida, semillas, materiales para las viviendas y la escuela… Las lluvias y las inundaciones amenazan sus incipientes cultivos. Cada día, persiste el temor a un desalojo violento. La vida no es fácil en Las Pavas…

Pero ellos están orgullosos de lo que han conseguido.

Volver a su tierra ha sido, es, un paso crucial en la búsqueda de justicia de una comunidad que durante años ha sido víctima de tantas violaciones de derechos humanos.

Vídeo de Contravía: Retorno de campesinos desplazados en Las Pavas (Bolívar)

Durante el primer semestre de 2010, 64 defensores de derechos humanos y 111 organizaciones sociales colombianas fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad, obstaculizando su legítima labor en defensa de los derechos humanos. Los datos del último informe presentado por la Campaña “Defensores de Colombia. Por el Derecho a defender los derechos humanos”, que ha apoyado desde su creación InspirAction, ofrece datos cuanto menos preocupantes. El aumento de casos de agresiones es de un 68% con respecto al semestre anterior. Y curiosamente, hubo un aumento significativo de los asesinatos justo antes de las elecciones. De media, hubo una agresión directa cada tres días.

Más allá de las siniestras cifras que maneja el informe, el mensaje queda claro: en Colombia, hablar de más, o simplemente hablar, si es de ciertos temas, puede matar.

Pero eso ya lo sabíamos.

La noticia, para mí, es la campaña. Ejercicios de resistencia como éste, con exigencias tan simples pero a la vez de tanto calado como el derecho a defender los derechos humanos, son más necesarios que nunca. 280 organizaciones han dado un paso hacia atrás (o hacia delante, según como se mire), para exigir no sólo el respeto a los derechos humanos, sino el respeto hacia las vidas de aquellos que defienden los derechos humanos. Defender TUS derechos, es defender SUS derechos, dicen.

Como indica Beatriz G. del Campo, Responsable de Programas de InspirAction en Colombia “Los derechos humanos son un tema fundamental en la construcción de la democracia, y es por ello que los defensores tienen un papel trascendental en la búsqueda de justicia, equidad, paz y democracia”.

La campaña nació reclamando cinco puntos: 1. Poner fin a los señalamientos sistemáticos 2. Poner fin a la impunidad de violaciones de derechos humanos. 3. Poner fin al mal uso de la inteligencia estatal. 4. Poner fin a las judicializaciones sin fundamento 5. Mejorar de manera estructural los programas de protección para personas en riesgo.

La situación, meses después, no ha mejorado. Siendo sinceros… Ha empeorado. Pero hace unos días, en un ejercicio de dignidad y resistencia, las mismas 280 las organizaciones que hace un año dijeron basta, han sacado a la luz su informe. Y de nuevo, han plantado cara a llamadas y cartas anónimas, a asaltos, a robos de información. Y sí, también a asesinatos.

Estas 280 organizaciones nos dicen, nos gritan, que en Colombia es posible un cambio.

La semana pasada, las maras Salvatrucha y 18 (MS y M18) paralizaron durante 72 horas el transporte en El Salvador, en protesta por la “Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal”, que el Parlamento aprobó el pasado 1 de septiembre. La norma penaliza la pertenencia y financiación de esos grupos y eleva hasta diez años las penas de cárcel por ese delito. El paro dejó  pérdidas valoradas en 68 millones de dólares y mostró la fuerza de estos grupos, que por primera dejaron de lado su tradicional rivalidad para hacer causa común de manera coordinada contra el gobierno.

Desde el Salvador, el responsable de InspirAction para Centroamérica, Moisés González, nos contaba que “Sin duda alguna el fenómeno de las pandillas no es nuevo en El Salvador,  como tampoco el nivel de violencia conque suelen atacar, así como la diversidad de sus acciones (tráfico de drogas, secuestros, impuestos a transportistas). Tampoco puede negarse el vínculo que tienen con algunos sectores políticos ligados al crimen organizado de la región. Quizá lo nuevo en este momento es la capacidad que han mostrado para provocar la suspensión del servicio de transporte a nivel nacional, de una manera sincronizada y con una actitud provocativa hacia las autoridades, presentándose como actores beligerantes de la vida política del país”.

A su vez, esta situación ha sido aprovechada por los grupos de oposición para tratar de debilitar al gobierno de Funes, acusándole de incapacidad a la hora de hacer frente a una situación de inseguridad que en realidad existe desde hace años y que tiene causas muy complejas.

La situación de violencia generalizada que se vive en Guatemala, El Salvador y Honduras hace reflexionar sobre el auge de estos grupos pandilleros y su relación con el crimen organizado, el narcotráfico y sectores políticos que tratan de aprovechar el clima de terror en su propio beneficio.

¿Qué está pasando en Centroamérica? Años después de que se firmaran los distintos acuerdos de paz tras años de conflicto armado en la región, los niveles de violencia son más graves que nunca. ¿A quién interesa esta situación?

Imagen: Sian Curry (c) InspirAction

Imagen: Rainer Lang, Diakonia – ACT Alliance

En unas semanas legiones de niños volverán a sacar punta a sus lápices. Uniformes, libros, reportajes en la tele, escuelas vacías en espera de la chiquillería.

Pero no sólo en España es época volver al cole. También en Pakistán, donde 5,000 escuelas han quedado destrozadas por las recientes inundaciones. A las evidentes dificultades logísticas para que los niños vuelvan a sus rutinas habituales en esta época del año, hay que unir los severos traumas psicológicos que muchos sufren tras sobrevivir a las inundaciones. Han visto demasiada devastación, y la situación actual no es precisamente tranquilizadora: cada día aumenta el riesgo de enfermedades, miles de personas se han quedado sin hogar, y muchos de los terrenos antes destinados a campos de juegos en sus escuelas se han convertido en improvisados campos de refugiados. Muchos siguen buscando a familiares desaparecidos. La incertidumbre hace que cueste conciliar el sueño, no sólo a los adultos, si no también, y si cabe en mayor medida, a los niños.

En áreas como Swat éste es ya el segundo e incluso el tercer año consecutivo en el que la vuelta a los estudios se ha visto impedida por razones que en principio deberían ser ajenas al mundo infantil. En 2008 fueron muchos los menores de edad, especialmente niñas, los que no pudieron asistir a clase por temor a verse atrapados por el conflicto armado que se vivía en la zona. En 2009, muchos se vieron desplazados en un éxodo masivo causado por los enfrentamientos. Recientemente muchos habían regresado con sus familias a la zona, confiando en la posibilidad de un nuevo comienzo, libre de violencia.

Pero la lluvia ha roto su sueño, una vez más. Sueños chiquitos, los de estos niños, que esperaban como tantos otros volver en unos días a afilar los lápices y alistar los cuadernos, en sus viejas escuelas de pupitres humildes. Sueños comunes de niños que buscan normalidad y rutina.

Que traducido, para muchos significa seguridad.

El martes la república de Colombia estuvo de fiesta: ni más ni menos que 200 años de independencia. Desde el Caribe a los Andes, pasando por las impenetrables selvas del Darién y el desierto de la Guajira, los colombianos tenían algo que celebrar.

Sin embargo, son muchos los habitantes de este bello país que no cuentan las celebraciones por años ni por siglos, sino por días. Para muchos, un día más con vida es razón suficiente para festejar, en un contexto marcado por la violencia y las amenazas.

Por eso no dejan de sorprender y admirar gestos como el del sacerdote Javier Giraldo, jesuita, uno de los fundadores de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, organización local con la que colabora estrechamente InspirAction.

El padre Javier Giraldo lleva años denunciando la impunidad de los crímenes y asesinatos cometidos por el Ejército Nacional, los paramilitares y la guerrilla en Colombia. Como respuesta a su infatigable compromiso con los derechos humanos ha recibido numerosas amenazas de muerte, que se han recrudecido desde hace unos meses.

A pesar de ser consciente del riesgo que corre, Javier decidió hace tiempo renunciar a la protección oficial ofrecida por el Ministerio de Interior y de Justicia. Copio textualmente las razones que enumera, con una lógica y una coherencia aplastante, no exenta de ternura y compromiso con los más vulnerables.

1)      La única razón por la cual mi vida o seguridad pueden estar en riesgo, es la de denunciar violaciones graves de los derechos humanos fundamentales por parte de agentes directos o indirectos del Estado contra personas y comunidades en desprotección, dado que mi trabajo ha estado centrado en este tipo de acompañamiento desde hace varias décadas. No tendría lógica ser protegido por aquellas mismas instituciones que han perpetrado esas violaciones.
2)      Considero que aquellas personas por quienes trabajo, vulneradas en sus derechos humanos más elementales, corren muchísimos más riesgos que yo, y por ello no me sentiría tranquilo si se me protege a mí y no a ellos que son el motivo real de mis riesgos.
3)      No puedo, en conciencia, permitir o tolerar que se compre, se utilice o se justifique el uso de algún arma por mi causa, ni mucho menos que se arme a un ser humano por lo mismo. Estoy convencido de que la dinámica que lleva a armar a unos para defender a otros conduce a una espiral de violencia cada vez mayor, haciendo progresivamente más difícil soluciones civilizadas.
4)      Personalmente no puedo soportar que alguien, por defenderme, hiera o mate a otro ser humano. Si existe un riesgo de muerte, la muerte que me parecería más perturbadora para mi conciencia sería la del que sea eliminado por alguien que busque defenderme, así sea un agresor.
5)      He experimentado en otras personas que han aceptado esquemas de protección de órganos del Estado, que el uso de dichos esquemas aleja progresivamente a quienes más nos necesitan, que son las víctimas, en su mayoría traumatizados por el uso de armas contra ellos mismos o contra sus seres queridos.

Razones y causas que a ojos de muchos le harán parecer un loco, capaz de exponer su vida por cabezonería.

A los nuestros, le convierten en un ser humano excepcional, en una persona necesaria, con la bondad, el compromiso y la valentía que un día, creemos, marcarán la diferencia en Colombia.

Y harán cambiar las cosas.

Para saber más..

Aquí puedes leer la versión completa de la carta dirigida por el Padre Giraldo al ministerio.

Conoce la campaña Defensores de Colombia que apoya InspirAction.

Consulta nuestra web para saber más sobre nuestro trabajo en Colombia.